El Defensor del Pueblo pide a Interior que blinde la intimidad de quienes acuden a clínicas IVE

La institución que lidera Francisco Fernández Marugán reclama al Ministerio del Interior que adopte medidas preventivas en el marco de las competencias policiales para reducir posibles casos de “acoso”, denunciados por ACAI.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán (Foto: Congreso)
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán (Foto: Congreso)

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Dirección General de la Policía que garantice la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Esta institución ha solicitado igualmente al Ministerio del Interior “que proteja la integridad física y moral de las mujeres, así como su derecho a la libre circulación, mediante la adopción de medidas preventivas concretas en el marco de las competencias policiales, sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos”.

La Institución reclama un "tratamiento global y preventivo que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales concurrentes, sea cual sea la posición de los ciudadanos en una sociedad real y constitucionalmente pluralista"

El Defensor del Pueblo ha recordado que abrió una actuación el año pasado tras recibir la queja de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Esta organización denunciaba el acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba numerosos casos de hostigamiento en toda España.

En su queja, ACAI proponía la creación de espacios seguros alrededor de las clínicas de abortos para que se respete el derecho a la libre circulación de las mujeres. El Defensor valora positivamente este planteamiento, al entender que “permite el ejercicio en el espacio público de todos los derechos fundamentales en juego, igualmente atendibles”.

Por ello, y a la vista de la reiteración de este tipo de incidentes, la Institución reclama a la Administración un “tratamiento global y preventivo que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales concurrentes, sea cual sea la posición de los ciudadanos en una sociedad real y constitucionalmente pluralista”.

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