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MURIÓ SECCIONADA POR UN ASCENSOR

El SAS, acusación particular en la investigación de la muerte de la paciente de Valme

La consejera de Salud reitera en el Parlamento andaluz el apoyo y las condolencias a la familia de la joven fallecida, e insiste en que el centro sanitario ha cumplido con la normativa vigente.

El SAS, acusación particular en la investigación de la muerte de la paciente de Valme
El SAS, acusación particular en la investigación de la muerte de la paciente de Valme

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13.09.2017 - 23:55

La consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, ha anunciado este miércoles en el Parlamento que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido personarse como acusación particular en la causa que investiga la muerte de una paciente en un ascensor del Hospital de Valme de Sevilla el pasado 20 de agosto. Asegura que la Administración sanitaria es la primera interesada en esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que puedan existir, colaborando con la justicia para que se lleve a cabo una investigación “rigurosa”. La titular de Salud, que ha iniciado su intervención reiterando públicamente el apoyo y las condolencias a la familia de esta joven, ha evitado entrar en detalles que “puedan herir la sensibilidad de familiares, enturbiar la investigación o afectar al transcurso del proceso judicial abierto”.

"Hemos tenido que ver cómo algunos han aprovechado sin escrúpulos el accidente, como una oportunidad de ataque a la sanidad pública"
Tras aportar los datos relativos al trágico accidente, la consejera ha tenido palabras de agradecimiento y de reconocimiento a los profesionales del Hospital de Val-me, así como a su equipo directivo y al equipo de guardia del 20 de agosto, por su respuesta “ejemplar” en unos momentos “muy duros”, algo que pudo constatar desde el primer momento en que acudió al centro y que han seguido demostrando hasta hoy.

Por el contrario, ha lamentado que algunos grupos políticos como el PP estén cuestionando esta profesionalidad, por lo que les ha reprochado que en política “no todo vale”. “Lamentablemente, hemos tenido que ver cómo algunos han aprovechado sin escrúpulos el accidente, como una oportunidad de ataque a la sanidad pública, estableciendo rápidamente y sin necesidad de investigación las causas del mismo y realizando un juicio paralelo”.

En esta línea, ha pedido “una actitud responsable ante la familia y ante la sociedad, así como respeto ante la investigación abierta para evitar juicios paralelos”, negando que este accidente pueda estar relacionado con recortes o medidas economicistas, como se ha intentado trasladar a la opinión pública. “Se está colaborando con la investigación con las máximas garantías de objetividad, neutralidad y transparencia”, ha enfatizado Marina Álvarez.

LA NORMATIVA

A día de hoy, el ascensor se encuentra clausurado al ser objeto de la investigación judicial abierta. Álvarez ha recordado que, tal y como se informó en su momento, este ascensor había pasado todos los controles y las revisiones reglamentarias establecidas en la normativa vigente, incluidas las revisiones preventivas que mensualmente realiza la empresa mantenedora Orona, como las inspecciones que debe hacer un Organismo de Control Autorizado (OCA), que en el caso de los hospitales es cada dos años. La última revisión preventiva tuvo lugar el 12 de agosto, con resultado ‘favorable', y la inspección de la OCA, que se hace cada dos años, el pasado 15 de mayo, con resultado ‘favorable y sin defectos'.

La consejera de Salud ha incidido en que la responsabilidad del SAS res-pecto a los ascensores de sus edificios es asegurar que se cumple la normativa vi-gente y controlar que las revisiones están al día. Así, ha asegurado que actualmente todos los ascensores ubicados en centros sanitarios del Sistema Sanitario Público Andaluz han pasado su inspección oficial correspondiente en los plazos establecidos, contando el SAS con toda la documentación correspondiente que lo acredita.

PROTOCOLO ANTE DENUNCIAS E INCIDENCIAS

También ante las dudas que se han transmitido públicamente sobre denuncias e incidencias previas en el ascensor, la consejera ha explicado que el hospital tiene un protocolo ante denuncias e incidencias con respecto al funcionamiento de los ascensores, asegurando siempre su notificación a la empresa man-tenedora y asegurando la realización de las medidas pertinentes. Además, según establece el protocolo, la empresa mantenedora tiene la obligación de comunicar al hospital cualquier avería que afecte al normal funcionamiento del ascensor a fin de coordinar conjuntamente la actuación. En este sentido, no existen denuncias sobre el ascensor accidentado desde su última revisión.

La consejera de Salud ha incidido en que la responsabilidad del SAS respecto a los ascensores de sus edificios es asegurar que se cumple la normativa vigente y controlar que las revisiones están al día
Asimismo, el SAS tiene regulado, a nivel interno, el procedimiento de notificación de riesgo laboral y son los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud, las instancias de referencia para trabajadores y organizaciones sindicales ante cualquier situación que afecte a la salud laboral o la seguridad de los trabajadores. Todas y cada una de las denuncias realizadas por el sindicato USO, según ha detallado, fueron atendidas según el protocolo del centro, comunicándolas a la empresa mantenedora, aseguran-do que se llevaban a cabo las actuaciones pertinentes e informando al sindicato de ello. “De todo tenemos trazabilidad y podemos demostrar las actuaciones realizadas en cada una de ellas”, ha esgrimido.

La consejera ha criticado que se hayan utilizado casos archivados por la justicia o denuncias a la inspección de trabajo que habían sido archivadas por no encontrar motivo de la misma o porque la inspección realizada demostró que todo estaba en regla. Así, ha reiterado que no existen denuncias de sindicatos en el año 2017 y que en el ascensor en el que ocurrió el accidente no existen denuncias ni incidencias tras su última revisión.

Para la consejera, todo ello “supone una falta de respeto a la familia y a los profesionales que están trabajando para llevar a cabo una investigación rigurosa, y por supuesto supone una falta de respeto al proceso judicial abierto y una falta de responsabilidad creando alarma en la población”.

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