La protección de los grupos de riesgo debe ser una de las prioridades de los expertos en salud pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por su patología respiratoria, las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se integran en uno de los colectivos más vulnerables frente a la COVID-19.
Los datos del propio Ministerio de Sanidad así lo reflejan. Tal y cómo se expone en un reciente informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) fechado a 2 de junio, el 22% de los fallecidos en España a raíz de la enfermedad generada por el SARS-CoV-2 padecían EPOC.
Son datos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde que refleja que, no obstante, su prevalencia cae al 11,17%. La elevada mortalidad de los pacientes con EPOC contrasta con aquellas personas que sufren otra comorbilidad como la hipertensión arterial (HTA), donde se expone una prevalencia significativamente superior a la EPOC (27,9%) y una mortalidad idéntica (22%).
Las cifras hacen precisa una necesaria reflexión sobre el tipo de tratamiento que están recibiendo las personas en nuestro país con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este sentido los pacientes, profesionales sanitarios y formaciones políticas se muestran tajantes: es necesaria la supresión del visado para la triple terapia de la EPOC.
Se hace indispensable que el Ministerio de Sanidad refuerce la seguridad de estos pacientes apostando por un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado
Se hace indispensable que Sanidad refuerce la seguridad de estos pacientes apostando por un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. De hecho, las cifras ponen sobre la mesa que tres de cada cuatro pacientes no saben que sufren EPOC y, por ende, no están debidamente tratados, lo que podría aumentar la gravedad de la enfermedad.
La decisión está en manos de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, cuya máxima responsable es Patricia Lacruz. Es preciso recordar que, con la eliminación de este visado, el SNS se ahorraría un 15% de la factura farmacéutica de estos medicamentos (es más barato el medicamento que tiene visado de los que no necesitan), toda vez que se mejoraría considerablemente la salud y calidad de vida del paciente.