A principios de marzo, España contaba ya con más de 150 personas contagiadas por coronavirus pero no vislumbraba ni de lejos lo que pocas semanas después viviría. Hasta el 3 de marzo no se confirmó la primera muerte en el país, pero ya había colectivos que estaban alertando al Ministerio de Sanidad sobre la pasividad que estaban practicando en la toma de medidas contundentes para prevenir la transmisión de la Covid-19.
Según informa El Confidencial, el pasado 5 de marzo la Asociación China de Derecho en España envió una carta al departamento que dirige Salvador Illa en la que evidenciaban que existía una “preocupación mundial” por la epidemia y que, según la OMS, hacía falta la “aplicación de medidas agresivas para cortar la cadena de contagios”, entendiendo ésta como “la mejor estrategia para contener la epidemia”.
Desde la Asociación China de Derecho en España apelaron al "derecho de petición" para solicitar a Sanidad "la aplicación de medidas agresivas para cortar la cadena de contagio"
En este contexto, argumentaban que distintas asociaciones de la comunidad china en España estaban impulsando “la prevención y concienciación contra el coronavirus” con medidas como “la difusión” de dichos mecanismos de prevención, “la entrega gratuita de máscaras sanitarias” a quienes llegasen de China o el fomento voluntario del “aislamiento” para no salir durante 14 días en caso de estar en contacto con el virus.
A pesar de ello, estos organismos consideraban que este conjunto de iniciativas “no es suficiente para alcanzar su finalidad” ya que entendían que “no se está aplicando de manera generalizada medidas agresivas para cortar la cadena de contagios”. Por ejemplo, citaban la necesidad de cerrar colegios y empresas, así como controlar la movilidad de las personas.
Por todo ello, desde la Asociación China de Derecho en España y otras asociaciones similares apelaron al denominado “derecho de petición”, regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, y en el artículo 29 de la Constitución Española. A través de él, reclamaron al Ministerio de Sanidad “la aplicación de medidas agresivas para cortar la cadena de contagio”.
DENUNCIA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Según indica el vicepresidente de esta asociación, Carlos Ma, a dicho medio de comunicación, no obtuvieron respuesta por parte de Sanidad. Por ese motivo, optaron por dirigir sus reclamaciones al Defensor del Pueblo a través de la interposición de una queja “por la vulneración del derecho a la salud” el 10 de marzo, cuando en España había más de 350 personas contagiadas.
En otra carta al Defensor del Pueblo, esta asociación lamentaban que el Ministerio ha había adoptado "todavía ninguna medida efectiva para cortar la cadena de contagios"
En esta segunda misiva, lamentaban que el Ministerio de Sanidad “no ha adoptado todavía ninguna medida efectiva para cortar la cadena de contagios, haciendo caso omiso de la recomendación del director general de la OMS, en la que se defiende la aplicación inmediata de medidas preventivas agresivas”.
De esta manera, trasladaban al Defensor del Pueblo su preocupación, considerando que existía “una omisión grave por parte del Ministerio en cuanto a la adopción de medidas preventivas para la protección de la salud de las personas”. Así, solicitaban la intervención de esta institución “salvaguardando nuestros derechos constitucionalmente reconocidos”.
PROBLEMAS CON LOS MATERIALES SANITARIOS Y LA TRANSPARENCIA
La gestión del Ministerio de Sanidad desde el inicio de la pandemia ha sido puesta en duda debido a distintos problemas, principalmente relacionados con la compra de material sanitario defectuoso a China y a la falta de transparencia ejercida en torno a estas cuestiones.
En cuanto al primero de los asuntos, el departamento de Sanidad ha sido especialmente criticado por haber adquirido, principalmente al principio de la crisis, miles de test de detección fallidos a empresas chinas y también de lotes de mascarillas defectuosas, que fueron repartidas y luego retiradas por no cumplir con los indicadores, poniendo así en riesgo a los profesionales sanitarios.
El Ministerio de Sanidad acumula numerosas querellas y denuncias relacionadas con la "desprotección" de los profesionales sanitarios
Ambos asuntos no fueron acompañados precisamente de una explicación clara por parte del Ministerio. Al contrario, las aclaraciones llegaron muy poco a poco y de forma ambigua. Por ejemplo, en el caso de los test fallidos, no se reveló desde un primer momento el proveedor nacional al que Sanidad había recurrido para comprarlos y tampoco se responsabilizó a nadie. Además, las respuestas dadas por parte de Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, incrementaron las dudas. Finalmente se conoció quién era el proveedor, después de que el ministro anunciara el cese del contrato.
Por toda esta problemática, el Ministerio de Sanidad acumula además numerosas querellas y denuncias debido a la “desprotección” de los profesionales sanitarios. Así, desde CSIF denunciaron ante el Tribunal Supremo por “falta de previsión”; desde el CGCOM se presentaron como acusación particular en los casos de contagio derivados por las mascarillas defectuosas; CESM interpuso una querella por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores; o el Consejo General de Enfermería, que se querelló por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores.