La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitía el pasado 30 de enero una alerta de emergencia internacional como consecuencia de la expansión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19.
De acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Sanidad Pública, la gestión de este tipo de alertas procedentes de la Unión Europea (UE) o de la OMS, son competencia directa y automática del Ministerio de Sanidad.
Los días 3 y el 11 de febrero, la OMS reiteraba a los países, ante el avance del virus, la necesidad de adquisición de equipamiento para hacer frente al SARS-CoV-2 y estar preparados ante la posibilidad, cada vez más real, de que el escenario de China se replicase en el resto del mundo.
A pesar de estos avisos el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, no consideró necesario el acopio de materiales. Una actitud que Sanidad mantuvo dos días después tras el llamamiento realizado por la Unión Europea a la compra de recursos y materiales sanitarios para evitar posibles desabastecimientos. La respuesta de Salvador Illa fue contundente el 13 de febrero: “España tiene suficiente suministro y equipos personales de emergencia en este momento”.
Ahora, tal y como han informado desde el diario El Mundo, las Comunidades Autónomas no recibieron indicaciones por parte del Ministerio de Sanidad el pasado mes de febrero para hacer acopio de materiales y recursos sanitarios, a pesar de que, desde el 30 de enero, era una competencia directa y automática de Illa.
Las Comunidades Autónomas no recibieron indicaciones por parte del Ministerio de Sanidad el pasado mes de febrero para hacer acopio de materiales y recursos sanitarios
Fuentes de la Xunta de Galicia informan a la citada cabecera que no recibieron instrucciones desde Sanidad el pasado mes de febrero para hacer acopio de material. Pero el Gobierno dirigido por Alberto Núñez Feijóo decidió comenzar a abastecerse por su cuenta. El 1 de marzo se destinaron dos millones de euros a la compra de mascarillas y respiradores.
Un ejemplo seguido por Cataluña, una de las zonas más afectadas del país. Fuentes de la Generalitat han explicado a la citada publicación la compra de materiales por iniciativa propia.
La Comunidad de Madrid es uno de los claros ejemplos de cómo las distintas regiones del país han adoptado medidas surgidas de la iniciativa propia ante la falta de dirección por parte del Ejecutivo central.
El pasado 7 de marzo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid enviaba una carta al Ministerio de Sanidad denunciando “la grave situación de desabastecimiento”. Hecho que finalmente acabó materializándose.
“El problema es gravísimo y necesitamos soluciones inmediatas si queremos que los trabajadores sanitarios puedan seguir realizando su trabajo, no solo para frenar el coronavirus, sino para la atención sanitaria habitual”
“El problema es gravísimo y necesitamos soluciones inmediatas si queremos que los trabajadores sanitarios puedan seguir realizando su trabajo, no solo para frenar el coronavirus, sino para la atención sanitaria habitual”, finalizaba la misiva enviada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Castilla y León critica, según fuentes cercanas a su presidente Alfonso Fernández Mañueco, la situación sería diferente si el Gobierno hubiese escuchado las recomendaciones de la OMS y la UE y hubiese realizado el acopio.
COMPRAS CENTRALIZADAS EN LA UE
El pasado 5 de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez negociaba varias iniciativas, a nivel nacional y europeo, con el fin de evitar el desabastecimiento de medicamentos, mascarillas y otros productos sanitarios ante el brote de coronavirus.
En ese momento Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguraba que “no había problemas”, ero desde Sanidad se trabaja en varios escenarios “para lo que pueda surgir”.
En este sentido hacía referencia a la compra centralizada en la que trabajaba la Unión Europea desde hacía un mes. Una iniciativa a la que cada país decidiría si se unía o no. Al margen de esta, Simón recordaba que España realizaba “las gestiones necesarias con las empresas que producen este tipo de materiales para garantizar que, independientemente de la compra de la UE, tenemos las espaldas cubiertas con actuaciones a nivel nacional”.
“Sí que es cierto que estamos en riesgo si no conseguimos en un plazo razonable llevar a cabo y cerrar las iniciativas de compra conjunta, tanto nacionales como de la UE”
Simón expresaba entonces que “nos han llegado algunos reportes de algunas unidades sanitarias concretas que podrían haber identificado” desabastecimiento, aunque “a nivel general, por comunidades, ahora mismo no hay problemas”. A pesar de ello, sostenía que “sí que es cierto que estamos en riesgo si no conseguimos en un plazo razonable llevar a cabo y cerrar las iniciativas de compra conjunta, tanto nacionales como de la UE”.
LA POLÉMICA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
España experimentó entre el 10 y el 19 de marzo un incremento en los casos de 1.600 a superar los 20.000. Hecho que rápidamente demostró que nuestro país no contaba con recursos suficientes, poniendo en cuestión de días al Sistema Nacional de Salud (SNS) en una complicada situación.
En este escenario, se inició un conflicto político como consecuencia del desabastecimiento de mascarillas y otros recursos vitales como los equipos de protección individual (EPI) entre las Comunidades Autónomas y el Ejecutivo central.
El motivo reside en el hecho de que el Ministerio de Sanidad puso en marcha una compra centralizada para proveer a las Comunidades Autónomas, pero la declaración del Estado de Alarma, supuso el establecimiento de Illa como mando único de dirección. Una posición que permitía al Ministerio de Sanidad requisar todo el material que encuentre y, a partir de ahí, repartir según las necesidades.
Una de las críticas más feroces ante esta medida fue emitida por el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre después de que el Gobierno requisase 150.000 mascarillas a una empresa ubicada en Jaén y que distribuía el material entre los hospitales andaluces.
Una de las críticas más feroces ante esta medida fue emitida por el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre después de que el Gobierno requisase 150.000 mascarillas a una empresa ubicada en Jaén
Sin duda, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las más críticas con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez. En la videoconferencia celebrada entre este y todos los presidentes autonómicos para comunicarles la decisión de prorrogar el Estado de Alarma, Ayuso llegó a acusar a Sánchez de bloquear en las aduanas material sanitario dirigido a Madrid.
Unas acusaciones desmentidas desde Moncloa y sobre las que Simón explicó que “no se está bloqueando material”, sino que lo que se hacía era “identificar qué hay y dónde”.
Muchas Comunidades Autónomas han considerado ante este modelo de compra que no resulta eficaz ya que se necesitan procesos más ágiles para satisfacer la alta demanda
Muchas Comunidades Autónomas han considerado ante este modelo de compra que no resulta eficaz ya que se necesitan procesos más ágiles para satisfacer la alta demanda. Ayuso solicitó a través de una misiva a Pedro Sánchez de forma urgente material para la Comunidad de Madrid, pidiendo directamente a Illa que las compras no se centralizasen porque únicamente generaban un “cuello de botella”.
Estas quejas procedentes de varias regiones del territorio español obligaron a Illa a puntualizar que, a pesar de que se está impulsado la centralización de las compras, esto solo es una acción "complementaria" de los procesos de compra de las autonomías.
Motivo por el que el ministro de Sanidad defendía que la compra centralizada busca “reforzar los procesos de compra de las Comunidades Autónomas, la distribución para cubrir necesidades acuciantes de la población y los profesionales y organizar la capacidad de producción a nivel nacional e internacional”, dejando claro que nunca habían restringido los derechos de compras de las distintas autonomías.