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DESDE PRINCIPIOS DE AÑO

El Defensor del Pueblo ha tramitado más de 26.000 actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria

Fernández Marugan ha comparecido en el Congreso, donde ha pedido reforzar la atención primaria y la hospitalaria, y terminar con la precariedad y la temporalidad laboral de los sanitarios

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

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26.11.2020 - 13:50

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este jueves 26 de noviembre en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar un resumen de las actuaciones realizadas por la Institución con motivo de la pandemia de la Covid-19.

La Institución ha tramitado desde principios de año más de 26.000 actuaciones entre quejas, colectivas e individuales, quejas de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, muchas de ellas relacionadas con la crisis sanitaria.

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Fernández Marugán ha comenzado su intervención explicando que desde el primer momento de la pandemia la Institución que dirige trabajó a pleno rendimiento gracias al sistema de teletrabajo puesto en marcha en 24 horas.

El Defensor se ha referido a las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y sus prórrogas.

Fernández Marugán ha asegurado que para el Defensor del Pueblo la citada norma es “plenamente conforme con la Constitución” y ha explicado que dicho Real Decreto “llevó a cabo una ponderación de derechos fundamentales razonable en el contexto de amenaza global que sufrimos”.

Por otra parte, en relación al Real Decreto de 25 de octubre por el que se declara un nuevo Estado de Alarma, el Defensor ha apuntado que se han recibido ocho solicitudes de interposición de recurso sobre las que la Institución se pronunciará “en el momento oportuno, que será a finales de enero del próximo año”.

QUEJAS SOBRE LIBERTADES PÚBLICAS

El Defensor ha continuado su intervención refiriéndose a las limitaciones a la circulación impuestas, tras decretarse el Estado de Alarma, que motivaron quejas al inicio del confinamiento relativas a las salidas con menores; actuaciones sancionadoras incorrectas de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado; acoso de particulares a personas con discapacidad intelectual cuando salían a dar paseos terapéuticos; etc.

La Institución ha tramitado desde principios de año más de 26.000 actuaciones entre quejas, colectivas e individuales, quejas de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, muchas de ellas relacionadas con la crisis sanitaria

Todas estas quejas fueron trasladadas al Ministerio del Interior que en su respuesta explicó las distintas órdenes dictadas para aclarar aspectos que estaban generando dudas sobre las limitaciones de circulación.

CARENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fernández Marugán ha asegurado en el Congreso que esta crisis ha agudizado algunas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud, “cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos”.

Entre dichas carencias, el Defensor ha destacado “la debilidad de la Atención Primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades, y la insuficiente atención pública a la salud mental”. 

Según ha explicado, “la restricción de gasto durante la crisis económica redujo los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, lo que se tradujo en una menor inversión en equipos y obras de mantenimiento (sobre todo en los hospitales más antiguos), así como en una reducción de las plantillas, que además tenían peores condiciones laborales, contratos menos estables y menores salarios”.

No obstante, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha revelado también las fortalezas del sistema sanitario, como “la buena formación de miles de profesionales, el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios y una organización muy experimentada”.

En su opinión, para robustecer el sistema “hay que revisar el modelo organizativo para aumentar la eficiencia”. En este contexto, Fernández Marugán ha resaltado que “la sanidad en España no requiere edificios más grandes ni infraestructuras espectaculares, necesita que se apoye el sistema público sanitario y realizar una gestión más eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales”. “El Sistema Nacional de Salud es garantía de igualdad y de seguridad y los poderes públicos no pueden relajar su cuidado y mantenimiento”, ha enfatizado.

Por ello, el Defensor ha instado a reforzar la Atención Primaria “con profesionales, medios técnicos y organizativos” y la atención hospitalaria “para reducir listas de espera”, así como a terminar con la precariedad y la temporalidad en el trabajo que “son el mayor problema para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud”.

El Defensor ha destacado “la debilidad de la Atención Primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades, y la insuficiente atención pública a la salud mental”

Asimismo, ha afirmado que es urgente mejorar la coordinación interterritorial, puesto que “la salud no conoce fronteras o límites territoriales” y también ha abogado por crear una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.

ATENCIÓN SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA

Fernández Marugán ha señalado que al inicio de la pandemia se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos.

Así, ha explicado que los ciudadanos lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de Atención Primaria. También se recibieron quejas sobre la escasez de camas, personal entrenado y respiradores y sobre la falta de material de protección para el personal sanitario, que ponía en riesgo su salud y su trabajo.

Tras el levantamiento del Estado de Alarma, el Defensor ha apuntado que las quejas de los ciudadanos se centraron el cierre de consultorios locales; el retraso de citas para consulta y operaciones; el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas diagnósticas PCR.

La Institución emitió un comunicado el 20 de marzo, dirigido a todas las administraciones sanitarias, en el que recordaba que la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado resultaba crucial y en el que pedía a todas las administraciones que coordinasen lealmente su acción para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario y social, en especial el residencial, público o privado. Además, el Defensor también resaltaba en dicho comunicado que el suministro de material de protección era imprescindible para los trabajadores sanitarios, personal asistencial y enfermos.  

El Defensor también le trasladó al Ministerio de Sanidad la preocupación de la Institución sobre la aplicación de procedimientos de priorización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para Fernández Marugán, “lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza sobre cada paciente”.

El Defensor también le trasladó al Ministerio de Sanidad la preocupación de la Institución sobre la aplicación de procedimientos de priorización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos: "Lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza sobre cada paciente”

La Institución también dirigió actuaciones de oficio a todas las consejerías de sanidad o salud autonómicas para conocer de forma estructurada la respuesta dada por cada territorio a la emergencia sanitaria. Asimismo, requirió a las comunidades autónomas que informaran sobre las medidas que estaban tomando para atender las necesidades de los centros residenciales, incluidos los protocolos aplicados sobre derivación de residentes enfermos a los hospitales.

El 29 de mayo, tras el inicio de la desescalada, el Defensor volvió a dirigirse a todas las consejerías sanitarias para conocer las medidas adoptadas para la vigilancia y control de la pandemia a partir de ese momento.

INCERTIDUMBRES ECONÓMICAS

A lo largo de su comparecencia, Fernández Marugán también ha hecho referencia al impacto económico generado por la pandemia. Así, ha señalado que mientras la emergencia sanitaria no esté resuelta, el panorama económico continuará “ensombrecido y plagado de incertidumbres que obligan a seguir apoyando a las personas y a los sectores más afectados”.

Para ello, el Defensor ha reivindicado el protagonismo del Estado para superar la crisis con éxito y ha instado a alcanzar un acuerdo político y económico-social “lo más consensuado posible y a todos los niveles”, que permita superar la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y evite “un aumento de la contestación social y de la crispación política”.

En su opinión, “hay que gastar más para frenar el desastre” y hay que perseverar en las medidas de estímulo adoptadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus y a sus devastadores consecuencias. 

En esta línea, y frente a lo que se hizo desde la Unión Europea durante la crisis financiera de 2010, Fernández Marugán ha valorado positivamente que ahora el orden de prioridades aplicado por las autoridades comunitarias haya sido “primero las personas, luego las empresas y finalmente el sistema financiero”.

De no actuarse así, el Defensor cree que “asistiríamos a un crecimiento agudo de la pobreza y a la profundización de la brecha que divide a las sociedades avanzadas entre quienes tienen acceso a la protección y quienes quedan a la intemperie”.

RESIDENCIAS DE MAYORES

A lo largo de esta crisis el Defensor del Pueblo ha seguido atentamente la situación de las residencias de mayores, tras recibir el testimonio de muchas personas enormemente preocupadas por la situación de sus familiares.

 “Estos centros han resultado ser el mejor caldo de cultivo para la propagación del virus”

Este es un asunto conocido por el Defensor, que lleva tiempo examinando la atención que reciben los usuarios de los centros residenciales de todo el territorio nacional, y que ha pedido en numerosas ocasiones reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto “que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias”.

Entre otras cosas, la Institución ha demandado más dotación de personal en los centros residenciales y más formación de estos trabajadores, que se mejore la asistencia sanitaria y que se incremente la capacidad inspectora de las Comunidades Autónomas para vigilar el correcto funcionamiento de las residencias.

Tal y como ha señalado Fernández Marugán, las carencias advertidas en el pasado por la Institución se han puesto de manifiesto con la llegada de la pandemia a las residencias en febrero de 2020. “Estos centros han resultado ser el mejor caldo de cultivo para la propagación del virus”, ha enfatizado.

Asimismo, ha asegurado que “se llegó a esta emergencia sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con infraestructuras y recursos materiales básicos, en muchos casos insuficientes”. Por ello, ha señalado la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con un sistema de monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana y que cada residencia tenga un plan de contingencia.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor también han permitido concluir que los primeros protocolos “no consiguieron atajar los brotes porque llegaron cuando el coronavirus ya estaba dentro de los centros”, según ha asegurado Fernández Marugán.

El Defensor ha afirmado, además, que en el ámbito de las residencias de mayores la falta de datos homogéneos y la dificultad en obtenerlos ha sido un problema en esta crisis porque imposibilita compararlos y dificulta el análisis. Por ello, ha abogado por “disponer de un protocolo común de declaración de datos muy detallado y coordinado con definiciones únicas y herramientas modernas de gestión de datos, detallado y coordinado, con definiciones únicas y herramientas modernas de gestión de información”.

En lo que se refiere al protocolo de derivación a hospitales, Fernández Marugán ha manifestado que debe basarse en criterios clínicos y que no se puede excluir a nadie por su edad o discapacidad, o por el grado de dependencia. “Hacer lo contrario no es ético ni legal”, ha enfatizado.

Asimismo, ha incidido en que la prohibición absoluta de salidas de residentes de los centros para proteger su salud “supone una afectación intensa de su libertad de movimientos que para resultar proporcionada ha de condicionarse a la situación de riesgo epidemiológico existente en el centro y en su ámbito geográfico, y ajustarse a las condiciones personales de los usuarios.”

En este sentido, ha asegurado que “otro tanto puede decirse de la restricción total de las visitas de familiares y amigos”. Aunque ha reconocido que “decidir sobre esta cuestión es un tema harto complejo y con muchas posibles soluciones, no puede olvidarse que el aislamiento puede causar importantes efectos secundarios en los mayores residentes, afectando a su estado de salud físico y emocional”.

El Defensor del Pueblo recibió quejas que denunciaban graves problemas de organización en las residencias, así como insuficiencia de medios, carencias en la asistencia sanitaria, falta de información y transparencia, y problemas en la derivación a los hospitales

Por último, ha resaltado que del análisis efectuado por la Institución en los últimos años se desprende que habría que tender a la generación de entornos más pequeños y domésticos, en los que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas mayores.

El Defensor del Pueblo recibió quejas que denunciaban graves problemas de organización en las residencias, así como insuficiencia de medios, carencias en la asistencia sanitaria, falta de información y transparencia, y problemas en la derivación a los hospitales.

En este contexto, el Defensor ha explicado que el 20 de marzo pidió más recursos al sistema residencial, público y privado, aumentar el suministro de material de protección para el personal asistencial y los residentes, permitir, siempre que fuera posible, el acompañamiento de familiares en las residencias de mayores, habilitar estructuras medicalizadas, y ampliar la realización de pruebas diagnósticas a residentes y personal.

A principios de abril, la Institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías de Política Social de las CCAA para conocer la respuesta dada en cada territorio a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar los aspectos de mejora.

Fruto de estas actuaciones, el Defensor envió a finales de abril recomendaciones a todas las CC.AA. para mejorar la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos.

Según ha afirmado Fernández Marugán “las CC.AA. han manifestado expresamente la aceptación de todo lo recomendado, si bien la forma en que la pusieron en la práctica varía notablemente de unas a otras”.

IMPUESTOS

Por otro lado, Fernández Marugán ha valorado la bajada del IVA de las mascarillas y ha recordado que la Institución pidió al Gobierno en julio una modificación normativa para aplicar a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos el tipo más bajo posible del IVA, incluso del 0%, por haberse convertido en bienes de primera necesidad.

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