En relación con las medidas judiciales que obligan a permitir la administración de ozonoterapia a un paciente ingresado en la UCI del Hospital Universitario de la Plana, en contra del criterio médico y ético de los profesionales que trabajan en este centro, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) ha manifestado "su total apoyo a los profesionales del centro de Castellón".
De igual modo, muestran su "rechazo ante la imposición judicial –por petición de los familiares- de administrar un tratamiento no aprobado en esta indicación por parte de las autoridades sanitarias de ningún país -ya que no se ha acreditado su eficacia y seguridad en humanos- además de no tenerse en cuenta el criterio clínico y ético del personal del servicio responsable de la atención del paciente, que sigue las indicaciones de tratamiento aconsejado por las guías clínicas basadas en la evidencia".
La federación expone su preocupación sobre las consecuencias que pueden desencadenarse tras la decisión tomada por las autoridades judiciales, puesto que está basada en un supuesto "beneficio potencial" pero no se ha tenido en cuenta la posibilidad de un "perjuicio potencial"
La federación expone su preocupación sobre las consecuencias que pueden desencadenarse tras la decisión tomada por las autoridades judiciales, puesto que está basada en un supuesto "beneficio potencial" pero no se ha tenido en cuenta la posibilidad de un "perjuicio potencial", presentes en todas las medidas terapéuticas (balance riesgo-beneficio).
En este sentido, FACME muestra "su inquietud sobre el precedente peligroso de solicitud de tratamientos no aprobados o de pseudoterapias en otras enfermedades que asienta esta admisión de la demanda"
Finalmente, sostienen "su ratificación de que la única manera de probar un tratamiento nuevo es con un ensayo clínico aleatorizado que cumpla todos los requisitos médico-legales y ético".