Las farmacéuticas quieren que Sanidad indemnice si la vacuna contra la Covid-19 provoca efectos

En España, el Ministerio de Sanidad ya se encontraría inmerso en estas negociaciones a pesar de que en la Unión Europea se negocia un acuerdo de consenso entre los estados miembros.

EL ministro de Sanidad, Salvador Illa, interviniendo en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados (Foto. Congreso de los Diputados)
EL ministro de Sanidad, Salvador Illa, interviniendo en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados (Foto. Congreso de los Diputados)

La búsqueda de una vacuna efectiva, segura y asequible contra la Covid-19 se erige como el principal objetivo de la comunidad científica internacional. Hasta que no contemos con esta, la vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos antes de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, no será posible. Motivo por el que han sido muchos los países están apostando por las investigaciones más avanzadas que prometen una vacuna y que apenas representan actualmente una docena de todos los proyectos que se encuentran en marcha.

Los investigadores trabajan a pasos agigantados acortando los tiempos habituales con los que se trabaja en este tipo de proyectos. Una frenética carrera ante la que la industria farmacéutica quiere protegerse ante las posibles indemnizaciones a las que podrían tener que hacer frente en el poco probable caso de que la vacuna definitiva provocase efectos secundarios adversos en las personas a las que se les ha administrado. En este sentido y tal y como informan desde Cinco Días, las multinacionales quieren que esta responsabilidad sea asumida en la Unión Europea (UE) por los Gobiernos. Motivo por el que el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, se encuentra inmerso en negociaciones con los laboratorios a pesar de que la UE trabaja para una solución de consenso.

Las investigaciones siguen todas las etapas que están reguladas en materia de pruebas de seguridad y eficacia con miles de pacientes. Pero no podemos olvidar que se trata de una carrera contrarreloj en la que se están acortando los plazos a 12 o 18 meses frente a los 10 o 12 años habituales

Todos los medicamentos, tratamientos y vacunas que reciben la autorización de las autoridades sanitarias pertinentes para su comercialización y administración son sometidos a exhaustivas pruebas antes de recibir luz verde. Lo mismo está sucediendo con los candidatos a vacuna contra la Covid-19 aunque los tiempos se estén acortando debido a la crisis sanitaria en la que nos hallamos y la emergencia derivada de esta. Pero en ocasiones (raras, cabe resaltar) una vacuna o medicamento puede producir algún tipo de efecto adverso no deseado en los pacientes.

En estas ocasiones estos pacientes tienen derecho a demandar al laboratorio responsable y si la Justicia lo cree conveniente, será este laboratorio el que deberá dar cargo de la indemnización establecida. Cierto es que ante una situación de extrema excepcionalidad como la generada por la Covid-19 el marco legal podría sufrir modificaciones en este sentido. Un deseo mostrado por parte de la industria farmacéutica que busca el establecimiento de un marco jurídico en la carrera por encontrar la vacuna contra la Covid-19.

Las compañías farmacéuticas ponen de esta forma sobre la mesa el temor que tienen ante la posibilidad de que la urgencia en la búsqueda de una vacuna, a pesar de la supervisión de todos los proyectos por parte de las autoridades sanitarias como es el caso de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), provoque reacciones adversas que no han sido previstas en seres humanos.

Dichas investigaciones siguen todas las etapas que están reguladas en materia de pruebas de seguridad y eficacia con miles de pacientes. Pero no podemos olvidar que se trata de una carrera contrarreloj en la que se están acortando los plazos a 12 o 18 meses frente a los 10 o 12 años habituales. Será la EMA la que finalmente autoricé la comercialización de la futurible vacuna tras la evaluación del dosier médico. Será ese el momento en el que se permitirá a los países europeos utilizarla.

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