Nuevo paquete de medidas

El Gobierno moviliza 200.000 millones de euros para atajar las consecuencias económicas del covid-19

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un segundo paquete de medidas económicas con los que atajar las consecuencias producidas por la crisis sanitaria del coronavirus.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (Foto. La Moncloa)
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (Foto. La Moncloa)

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17.03.2020 - 15:55

El Consejo de Ministros celebrado este martes 17 de marzo se ha convertido en el primero de la historia en realizarse en nuestro país por videoconferencia como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un segundo paquete de medidas económicas aprobadas por Real Decreto que tienen por objetivo dar solución y atajar a los efectos negativos que la expansión del covid-19 está provocando en trabajadores y familias.

“Estamos viviendo y viviremos días muy duros. Estamos viviendo una situación sanitaria sin precedentes es, en consecuencia, un desafío global, y todos los países, unos antes y otros después, estamos dando pasos en un camino lleno de incertidumbre y de sombras. Son medidas excepcionales para poder proteger nuestra salud. Todos y cada uno de los actores de la sociedad tenemos una misión específica”, ha destacado el presidente indicando que el esfuerzo de los políticos "debe estar, como mínimo, a la altura del sacrificio de los españoles".

"Debemos combatir en el frente sanitario pero también en el económico y social, Debemos proteger el empleo y nuestras familias con un escudo que solo podemos forjar los poderes públicos para que nadie se quede atrás"

"Debemos combatir en el frente sanitario pero también en el económico y social, Debemos proteger el empleo y nuestras familias con un escudo que solo podemos forjar los poderes públicos para que nadie se quede atrás", ha señalado el presidente ante la aprobación del Decreto Ley que ha calificado "como el mayor aprobado en la historia de la democracia para crear el mayor escudo social y económico de nuestra historia". 

NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS

Para que esta caída venga seguida de una recuperación se han reforzado las iniciativas y medidas contenidas en el primer paquete de medidas aprobado. “Las empresas y nuestro tejido productivo deben sentirse protegidos y vamos a movilizar cerca de 200.000 millones de euros de los que 117.000 millones serán públicos y el resto se complementará desde el ámbito privado. En un corto espacio de tiempo y supone un esfuerzo enorme que responde a la situación que estamos viviendo. Nadie se va a quedar atrás”, ha explicado señalando que esta movilización de capital "supone el 20% del PIB".

Entre las principales medidas que se han aprobado en el ámbito económico se encuentra la aprobación de una moratoria en el pago de las hipotecas para todos aquellos desempleados o aquellas personas que hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia del coronavirus.

El aplazamiento del pago de las hipotecas para estos colectivos será de un mes, aunque puede prorrogarse en función de cómo evolucione el Estado de Alarma. Para poder acogerse a esta medida todos los miembros de la unidad familiar deberán contar con unos ingresos en el mes anterior a la solicitud de la moratoria inferiores a tres veces el IPREM anual en 14 pagas.

Se amplía la protección a los suministros de gas, agua y electricidad y se garantizarán los servicios de telecomunicaciones para proteger los derechos de las personas más vulnerables. Se han movilizado 600 millones de euros para prestaciones sociales básicas, personas mayores y dependientes.

Aprobación de una moratoria en el pago de las hipotecas para todos aquellos desempleados o aquellas personas que hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia del coronavirus

En el caso de los trabajadores afectados por algún expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), tendrán derecho a cobrar el paro de acuerdo a lo establecido en esta reunión en la que el presidente del Gobierno ha estado acompañado presencialmente por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; la ministra portavoz, María Jesús Montero; y los cuatro ministros con competencias delegadas por el Estado de Alarma: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Salvador Illa (Sanidad) y José Luis Ábalos (Transportes).

Sobre este derecho a paro cabe destacar que el tiempo consumido no contará como gastado y los trabajadores sin el mínimo cotizado podrán cobrar el paro en caso de necesitarlo por verse afectados por alguno de los ERTEs. 

"Se trata de evitar que una crisis temporal tenga un impacto negativo permanente en nuestro mercado laboral. Se promueve el teletrabajo siempre que sea posible. Se apostará por la flexibilización y aceleración de ERTEs, que se considerarán "de fuerza mayor", y por ende los trabajadores afectados tendrán derecho al paro cuyos procesos de prestación se agilizan.

Ha hecho un llamamiento a los empresarios para que tengan en cuenta estas medidas para mantener el empleo. "Seguirán necesitando a sus trabajadores una vez pase esta crisis"

Se ha flexibilizado el acceso a la prestación del cese por actividad de los autónomos así como la flexibilización de la acogida a ERTEs de todos los autónomos que tengan trabajadores. "Facilitaremos que los autónomos puedan cobrar prestación si lo necesitan lo antes posible". 

Ha hecho un llamamiento a los empresarios para que tengan en cuenta estas medidas para mantener el empleo. "Seguirán necesitando a sus trabajadores una vez pase esta crisis". 

"El Estado va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo para que se mantenga el empleo y la actividad económica", aprobando una garantía de avales de más de 100.000 millones de euros. "El Estado será el garante de las operaciones y hemos aprobado líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras".

"Vamos a acelerar programas de apoyo a la digitalización de las empresas para aumentar la implantación del teletrabajo y hemos reformado la normativa de empresas inversoras extranjeras", para que no puedan "aprovecharse de la volatilidad de los mercados".

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