La gestión de la pandemia de Covid-19 ha obligado al Gobierno central a tener que tramitar numerosas solicitudes de transparencia en torno a los diferentes procesos que ha tenido que realizar en el último año. De todas estas reclamaciones, la mayoría han estado dirigidas al Ministerio de Sanidad, máximo responsable de la resolución de problemas asociados al coronavirus.
En este sentido, según recoge Economía Digital, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido hasta 55 resoluciones desfavorables desde marzo de 2020 y hasta el pasado mes de febrero contra el departamento sanitario que ahora dirige Carolina Darias y anteriormente Salvador Illa.
Se trata únicamente de reclamaciones de acceso a la información presentadas posteriormente al mes de marzo de 2020, tras el estado de alarma, y en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Igualmente, entre esas resoluciones se incluyen las que de alguna forma tienen que ver con la gestión de la Covid-19.
El 14% de los expedientes de acceso a la información presentados por la ciudadanía durante la pandemia han sido contra el Ministerio de Sanidad
Por otra parte, y en este periodo de un año, la Administración General del Estado ha recibido en todos los ámbitos un total de 386 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las reclamaciones han sido presentadas por ciudadanos que entendieron que no pudieron acceder a información relacionada con la pandemia. Así, el 14% de los expedientes han sido contra el Ministerio de Sanidad.
Asimismo, el CTBG ha puesto de manifiesto una práctica inusual por parte de Sanidad, y es aquella relativa a la no presentación de alegaciones para estos procesos. De hecho, exponen que “la ausencia de respuesta a esta solicitud de alegaciones se está convirtiendo en una práctica no infrecuente en determinados organismos y departamentos ministeriales”.
Finalmente, cabe resaltar que la mayor parte de las reclamaciones de acceso a la información de los ciudadanos se relacionan con el primer estado de alarma, con el polémico comité de expertos, la publicación de datos epidemiológicos, la incidencia de la pandemia en las residencias de personas mayores o los análisis en aguas residuales.