El Ministerio de Sanidad y sus máximos responsables, concretamente, el ministro Salvador Illa probablemente se enfrentarán una vez pase la crisis sanitaria causada por el coronavirus a distintos frentes judiciales.
En manos de la justicia están ya en forma de querellas o denuncias por la falta de material de protección y la compra de mascarillas defectuosas realizadas por el departamento ministerial que fueron presentadas por partidos políticos y sindicatos, además de otras organizaciones del sector sanitario como los colegios de médicos o los colegios de enfermeros.
CSIF, CESM, PP, VOX y los colegios oficiales de médicos y enfermeros ya han tomado acciones legales contra la gestión del coronavirus por parte del Gobierno
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó hace ya varias semanas una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, por su gestión ante la pandemia.
En concreto, CSIF considera que la "falta de previsión" y las "insuficientes medidas de protección" con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por "infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente".
MASCARILLAS DEFECTUOSAS
Los médicos también se han movilizado judicialmente. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) anunció hace semanas que acudirá como acusación particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de las mascarillas defectuosas N95 adquiridas y enviadas por el Ministerio de Sanidad que finalmente tuvieron que ser retiradas tras haberse detectado filtraciones.
Este material de protección ya había sido distribuido entre las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios. Se trata de mascarillas FPP2 de la empresa Garry Galaxy proveedor del Ministerio de Sanidad e incluida en el listado de fabricantes de material sanitario autorizados por China, que no cumplen con ninguna clasificación indicada en la norma de la Asociación Española de Normalización, y cuya alerta se ha comunicado después del uso de la misma por los profesionales.
Mascarillas frente al coronavirus (Foto. Freepik)
El CGCOM calificó este hecho de "intolerable" e indica que "no solo genera más desconfianza en la acción del Gobierno, sino que se suma a la situación de indefensión a la que están sometidos los profesionales sanitarios".
Ahora, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, anunció en una rueda de prensa telemática, que la entidad colegial está estudiando presentar una querella por comisión de omisión ante la situación a la que se ha sometido a los profesionales sanitarios.
Ha comentado que en la Asamblea celebrada el 1 de mayo, se abordó la posibilidad de presentar una querella por comisión de omisión contra la Administración sanitaria, el Ministerio de Sanidad y los órganos ministeriales por la situación a la cual se la ha sometido a los profesionales sanitarios, algo que “se está estudiando”.
La OMC estudia una querella por comisión de omisión ante la situación a la que Sanidad ha sometido a los profesionales sanitarios
Para poder llevar a cabo esta posibilidad, ha explicado que es la Asamblea General como máximo órgano, quien tiene que tomar la decisión por mayoría y es algo que está pendiente porque, de realizarse, habría que ver como se resolvería una votación electrónica, algo que no está recogido en los Estatutos de la organización.
Además, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) tras su consideración de "presunta actuación negligente" por parte del Ministerio, "poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos", que han utilizado las mascarillas defectuosas adquiridas por Sanidad, acordó interponer una querella criminal por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca y los demás corresponsables, ante el Tribunal Supremo, conforme al artículo 102 de la Constitución por su especial aforamiento”.
ENFERMERÍA
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, concretamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
En la querella presentada por el Consejo General de Enfermería se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores
Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos: “Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos”, aseguró Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería, en el momento del anuncio de estas acciones legales.
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
DENUNCIA DEL PP
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció hace días que su formación denunciará al Gobierno ante la Fiscalía “por haber suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios”. Así lo confirmó en unas declaraciones realizadas a 7TV Región de Murcia, declaraciones con las que anuncia que dan un paso más en la crítica al Ejecutivo central al optar por la vía judicial, como ya inició Vox.
García Egea argumenta que “cuando pase esta crisis sanitaria, se debe investigar si la incompetencia del Ejecutivo ha puesto en peligro a nuestros héroes, a los que estaban en primera línea y han luchado a brazo partido por tratar de proteger a la población”. Según este político murciano, es un “auténtico desastre” la compra de material sanitario realizada por parte del Gobierno.
DENUNCIA DE VOX
VOX ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Madrid una querella criminal contra Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.
En la querella presentada, esta formación destaca que a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del coronavirus, se han celebrado una serie de contratos "de la forma más irregular, puesto que no se justifica la contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector. Además, sin la publicidad oportuna".
El INGESA habría realizado 56 contratos, muchos de ellos, especifica el escrito remitido por VOX, con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España
La formación explica que justificada por los motivos de urgencia, la regulación aplicable rebaja las exigencias de la contratación en régimen ordinario, pero no las elimina, ni mucho menos permite que se puedan realizar contratos de forma arbitraria o sin seguir las normas mínimas que imponen criterios de seguridad en la contratación pudiendo incurrir en los ilícitos penales que VOX denuncia.
En concreto, el INGESA, ha realizado 56 contratos, muchos de ellos, especifica el escrito remitido por VOX, con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización. En total, entre el 13 de marzo y el 30 de abril se han realizado compras sanitarias por un valor que supera los 310 millones de euros.
Además, en su escrito, VOX destaca 12 contratos realizados a empresas que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados.
Por ello, VOX solicita al Juzgado de Instrucción que proceda al interrogatorio de los querellados y que se identifique a las personas que han intervenido en estos procesos, a través de la solicitud de todos los contratos firmados referentes a las doce contrataciones; albaranes, facturas y documentación de carga de cada adjudicación; justificantes de los pagos; documentos de AENA que acrediten el registro de vuelos, registro de carga y mercancía, plan de vuelo de los expresados en la adjudicación COVID20 y COVID26; y que se aporten los documentos aduaneros de la carga.