La tortuosa batalla de Madrid

Test COVID-19 en farmacias: el decepcionante camino recorrido por el Ministerio de Sanidad

Sanidad ha tardado meses en dar respuesta a una demanda de muchas comunidades autónomas y que ya se había puesto en práctica en muchos de los países de nuestro entorno.

Un sanitario sostiene una probeta tras realizar un test de antígenos (Foto. Marta Fernández Jara   Europa Press)
Un sanitario sostiene una probeta tras realizar un test de antígenos (Foto. Marta Fernández Jara Europa Press)

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16.07.2021 - 17:45

El próximo 20 de julio el Consejo de Ministros aprobará el Decreto a través del que se permitirá la venta de test de autodiagnóstico de la COVID-19 (conocidos como “test de antígenos” o “test de anticuerpos) en las farmacias españolas sin necesidad de receta. Un paso muy esperado que se erige como una demanda ya histórica en la pandemia de los farmacéuticos y que ha supuesto un largo camino hasta materializarse.

La realización de este tipo de pruebas en farmacias se desarrolla desde hace ya tiempo en un nutrido grupo de países de nuestro entorno y son muchos los que no comprenden los motivos por los que el Ministerio de Sanidad ha tardado tanto tiempo en dar este paso crucial. Muchas comunidades autónomas lo han demandado desde hace meses como medida para controlar de forma más eficaz la pandemia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha ofrecido a lo largo de esta semana algunas explicaciones en las que escudar esta tardanza.

"Hasta que no teníamos la existencia de test de autodiagnóstico con marcado CE no podíamos autorizarlo. Estábamos esperando la llegada al mercado. Tan pronto llegaron nos pusimos en marcha con la tramitación del Real Decreto-Ley, que tiene su proceso. También estábamos esperando al dictamen del Consejo de Estado", explicaba.

En este punto es necesario trasladarnos al 18 de noviembre de 2020. Ante las incesantes peticiones por parte de las comunidades autónomas, el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, planteaba a las autonomías en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la presentación de un plan detallado en caso de que quisieran autorizar la realización de estos test en farmacias. Este documento debería incluir aspectos relativos al personal, medios, equipos de protección individual, registros e instalaciones en las oficinas de farmacia para que puedan realizar adecuadamente los test de detección del coronavirus.

Ese 18 de noviembre de 2020 era la primera vez que Illa se mostraba abierto a esta posibilidad, aunque recalcó en su momento que la decisión planteaba un complicado debate técnico, recordando la existencia de reservas de tipo jurídico y colectivos profesionales que se habían posicionado en contra.

"El Ministerio reconoce la buenísima y meritoria labor que realizan las oficinas de farmacias, las cuales son claves en el sistema sanitario y, sin negarnos a que aumenten su participación clave, he pedido a las comunidades que quieran utilizarlas para realizar test Covid-19 que nos hagan llegar un plan en el que expliquen qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer", manifestaba Illa

"El Ministerio reconoce la buenísima y meritoria labor que realizan las oficinas de farmacias, las cuales son claves en el sistema sanitario y, sin negarnos a que aumenten su participación clave, he pedido a las comunidades que quieran utilizarlas para realizar test Covid-19 que nos hagan llegar un plan en el que expliquen qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer", manifestaba Illa. Más de nueve meses después por fin se ha dado respuesta a esta demanda encabezada por comunidades autónomas como la de Madrid.

Pocos días después del referido CISNS, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, anunciaba (concretamente el 27 de noviembre de 2020) la presentación del plan regional para la realización de estas pruebas en farmacias. "La red de farmacias puede y debe complementar la estrategia diagnóstica, apoyando la labor que se realiza en los centros sanitarios", declaraba ante los medios poniendo en valor la gran disponibilidad horaria de las farmacias, la cercanía geográfica y la confianza que generan en la ciudadanía.

"Se han recibido peticiones por parte de Madrid y Murcia para hacer test en farmacias y se está estudiando", declaraba el 30 de noviembre de 2020 la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. El 14 de diciembre de 2020, ante la falta de respuesta de Sanidad, la Consejería de Sanidad madrileña volvió a solicitar la autorización. "Hoy volveremos otra vez a mandar esa petición por escrito, que por favor de una vez por todas nos contesten en qué sentido", aseveraba Ruiz Escudero que calificaba el silencio del Ministerio de Sanidad como “decepcionante”.

Tras largas semanas de espera y peticiones de documentos por parte de Sanidad, el 21 de enero de 2021 la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que las farmacias y clínicas dentales madrileñas podrían realizar test COVID-19 a partir del 1 de febrero. La autorización ministerial contempla su realización como mecanismo para el desarrollo de cribados masivos en zonas en las que se reporte una alta incidencia del virus y con prescripción médica.

"Hoy volveremos otra vez a mandar esa petición por escrito, que por favor de una vez por todas nos contesten en qué sentido", aseveraba Ruiz Escudero que calificaba el silencio del Ministerio de Sanidad como “decepcionante”

El Servicio Madrileño de Salud envía un SMS a todos aquellos ciudadanos asintomáticos que residan en zonas con alta incidencia para poderse realizar esta prueba de forma gratuita.

En este camino el Ministerio de Sanidad intentó una estrategia diferente que se centraba en que fuesen los profesionales de Atención Primaria los que emitiesen las recetas para la realización de los test en farmacias. Un proceso inviable ya que la Atención Primaria ha estado saturada como consecuencia de la crisis sanitaria y añadía un trabajo extra totalmente innecesario.

El 3 de abril de 2021 es otra de las fechas clave en este proceso: el Ministerio de Sanidad anunciaba el inicio de la tramitación del Real Decreto-Ley para permitir la venta de test de autodiagnóstico en farmacias sin necesidad de receta médica. Este borrador de la nueva norma justificaba que "la disponibilidad de pruebas de autodiagnóstico para la COVID-19 permitirá a la población general la realización de las pruebas sin la intervención de un profesional sanitario, lo que por un lado reducirá en cierta medida la presión asistencial de los centros sanitarios y permitirá la identificación rápida de sospechas de casos positivos".

Toda aquella persona que resulte positiva en COVID-19 tras la realización de un test de autodiagnóstico se considerará como caso sospechoso. Motivo por el que deberá informar a las autoridades sanitarias correspondientes para la realización de una prueba de confirmación

Sanidad reconocía ante la crisis sanitaria que era necesario “aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia y al mismo tiempo atender a los afectados por la pandemia y ayudar a su recuperación”.

"Teniendo en cuenta que la exigencia de prescripción para la venta al público de estos productos constituiría una importante barrera para su uso, es conveniente incluirlos entre los productos de autodiagnóstico exceptuados de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias", explicó el Ministerio en su borrador.

Respecto a la repercusión que para la economía pueda producir la aprobación del Real Decreto-Ley, Sanidad considera que "aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, ayudará a controlar eficazmente la progresión de la pandemia y, por lo tanto, a la disminución de las restricciones de movilidad y a la reanudación de las actividades normales".

Toda aquella persona que resulte positiva en COVID-19 tras la realización de un test de autodiagnóstico se considerará como caso sospechoso. Motivo por el que deberá informar a las autoridades sanitarias correspondientes para la realización de una prueba de confirmación. La titular de Sanidad informaba de que están trabajando con los colectivos de profesionales para ultimar los protocolos pertinentes.

"Vamos a trabajar para que tenga un precio asequible", ha declarado Darias. Por el momento se desconoce el precio de venta, pero si atendemos a los precios con los que cuentan en los países de nuestro entorno en los que ya han sido aprobados, hablaríamos de entre cinco y 10 euros la unidad.

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