El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaban por unanimidad, en el seno del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), un sistema de vigilancia transitorio contra la Covid-19 focalizado en la detección de los casos graves, los posibles aumentos de la incidencia y el surgimiento de nuevas variantes del SARS-CoV-2, aunque con el horizonte máximo de marzo de 2023.
El texto aprobado determina que habrá una "fase de transición" en la vigilancia del coronavirus hasta la implementación completa del sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) en Atención Primaria y graves (IRAG) en atención hospitalaria, que se deberá producir en toda España "antes del fin del primer trimestre de 2023". Para ello, se constituirá un grupo de trabajo con la participación del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
En colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Sanidad y las comunidades autónomas determinarán el tamaño muestral necesario para la futura vigilancia epidemiológica de la población centinela de las IRAs. Tras ello, el grupo de trabajo creado elaborará una propuesta complementaria basada en el uso del Sistema Español de Resultados de Laboratorio para Pruebas Diagnósticas de SARS-CoV-2 (SERLAB) en dicha población centinela, que "servirá de impulso" para las comunidades que estén en proceso de incorporación al Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA).
Sobre cuándo se pondrá en marcha el sistema transitorio, superando la actual vigilancia exhaustiva de la Covid-19, la ministra ha reconocido en rueda de prensa que las comunidades autónomas y Sanidad tienen "claro el cómo" pero no tanto el "cuándo". Y este es precisamente uno de los puntos que comienza a despertar una mayor preocupación.
En la nueva fase en la que entramos conocer el abordaje que se va a hacer de la Covid-19 a medio y largo plazo es vital ya que el papel que la Atención Primaria jugará una vez el nuevo modelo de vigilancia se implante. Uno de los hechos indudables de esta pandemia es que nuestra Atención Primaria, en estos momentos, no está capacitada ni preparada para realizar las funciones que se le piden para el nuevo control del coronavirus. Hablamos del primer escalón de nuestro sistema sanitario y que se ha encontrado al borde del precipicio del colapso desde el inicio de la pandemia. El mejor ejemplo lo hemos vivido con la sexta ola de la pandemia en la que las cifras de contagios provocadas por la variante Ómicron (B.1.1.529, detectada originalmente en Sudáfrica) imposibilitaron el control de casos desde la Atención Primaria.
Han acordado mantener un sistema de vigilancia transitorio "capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal"
Tal y como informan desde ABC en base a los informes actuales de vigilancia publicados por el Instituto de Salud Carlos III, en la temporada 2021-22, tan solo Andalucía, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Melilla aportaron los datos relativos a la Covid-19 a través de sus centros de Atención Primaria.
Retomando los plazos, a todas luces nos encontramos ante un plazo de implantación efectivo demasiado laxo. Las intenciones apuntan a no más tarde del primer trimestre de 2023 lo que nos sitúa ante un horizonte de un año. La pandemia ha interrumpido la práctica totalidad de los sistemas de vigilancia en los últimos dos años. El primer paso debe focalizarse en retomar y poner en marcha todos estos sistemas de vigilancia. Los expertos consultados por ABC indican que este camino no debería prolongarse más allá de octubre de 2022 para coincidir con el inicio de la temporada de la gripe.
La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, explicaba que la vigilancia centinela es un método para recopilar datos epidemiológicos de manera sistemática y rutinaria en un número limitado de puntos, a través de la notificación de determinados facultativos en la Atención Primaria. Estos profesionales se eligen para que la muestra sea representativa de la población general.
"Creíamos fundamental la necesidad de acelerar el proceso de implementación de los sistemas de vigilancia centinela, que van a ser absolutamente fundamentales para conseguir de una manera práctica la vigilancia de la Covid-19, la gripe, del virus respiratorio sincitial (VRS)... Es una vigilancia más sostenible en el tiempo, más eficiente para los profesionales. Puede aportar una información de gran valor de la evolución de las infecciones y cuáles son los patrones de la enfermedad grave", defendía Calzón.
Calzón ha añadido que, en el marco de esta nueva vigilancia centinela, se va a crear un sistema de información para monitorizar las aguas residuales, similar al que funciona en la Comunidad de Madrid desde los comienzos de la pandemia, como "forma complementaria para la vigilancia de la Covid-19".
Mientras tanto, han acordado mantener un sistema de vigilancia transitorio "capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal", concluía Calzón.