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COSTE MEDIO EN HOSPITALES

La rehabilitación por daño cerebral adquirido cuesta entre 7.000 y 10.000 euros mensuales

En lo que se refiere a la rehabilitación ambulatoria el coste puede alcanzar los 2.000 euros. Las plazas específicas para estos pacientes apenas superan las 4.200 y sólo el 20% son públicas. Hoy se celebra el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido.

De izq. a drcha.: Luciano Fernández y Valeriano García, representantes de Fedace
De izq. a drcha.: Luciano Fernández y Valeriano García, representantes de Fedace

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26.10.2016 - 16:00

Cuando una persona sufre daño cerebral adquirido debe enfrentarse a un tipo de rehabilitación que le ayude a empezar de nuevo. Así lo describe a ConSalud.es el presidente de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), Luciano Fernández, quien especifica que este tipo de terapias no sólo deben centrarse en la rehabilitación física, sino también psíquica y sensorial, ya que el paciente debe “re-aprender todo”.

Los pacientes luchan por la obtención de un diagnóstico tras el alta hospitalaria que reconozca el daño cerebral
Durante la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, las asociaciones de pacientes centran sus esfuerzos en concienciar sobre esta discapacidad “que está al alza y que cada día tiene mayor repercusión social”. Sin embargo, en España la falta de recursos para atender a los afectados y a sus familiares es una realidad. A ello se suma el alto coste que supone para una familia, por ejemplo, la rehabilitación del paciente.

Desde Fedace recuerdan que el daño cerebral adquirido aparece de una manera súbita y debido a causas ajenas como un ictus, golpes o lesiones, entre otros motivos. Luciano Fernández explica a este diario que a partir de ahí las familias se enfrentan a algo desconocido para lo que “los recursos son escasos y muchos de ellos, no proporcionados por el sistema, son caros”. El coste medio de una plaza en una unidad de rehabilitación hospitalaria oscila entre los 7.000 y los 10.000 euros mensuales. En lo que se refiera a la rehabilitación ambulatoria la cifra se sitúa alrededor de los 2.000 euros.

Canarias y La Rioja, a la cola en plazas de rehabilitación específicas para estos pacientes
Los pacientes luchan también por la obtención de un diagnóstico tras el alta hospitalaria que reconozca el daño cerebral adquirido como discapacidad y que les ayude a obtener la rehabilitación funcional que reclaman a través de los recursos necesarios para su atención desde el punto de vista sociosanitario. “Cada año reciben el alta en hospitales españoles más de 180.000 personas que ingresaron por un ictus, un traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral, una anoxia o por cualquier enfermedad infecciosa en el cerebro. El 59% de estas personas, hasta 106.000, se verán obligadas a empezar nuevos proyectos de vida como consecuencia de las secuelas resultantes de la lesión”, afirma Fernández.

FALTA DE EQUIDAD EN ESPAÑA

En las asociaciones de pacientes son conscientes de que los afectados por daño cerebral no son atendidos igual en todas las partes del país debido a que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas. De hecho, reconocen que regiones como Madrid y Valencia cuentan con más plazas específicas en los hospitales para este tipo de pacientes, que otras como Canarias o La Rioja, donde directamente no las tienen. “Como ciudadanos de este país tenemos dertecho a ser tratados igual independientemente del territorio en el que vivamos”, lamenta el presidente de la Federación Española de Daño Cerebral.

Por su parte, el director de Fedace, Valeriano García, precisa que “tan sólo hay 4.259 plazas de rehabilitación específicas para daño cerebral adquirido, mientras que se dan 104.071 casos nuevos de daño cerebral al año”. También destaca que del total de estas plazas 2.261 son privadas, 1.265 concertadas y 733 públicas, lo que pone de manifiesto la escasez de recursos de rehabilitación disponibles y la desigualdad en la distribución territorial de los mismos. “Cada persona con daño cerebral se enfrenta a diario, y junto a su familia, a dificultades que complican su recuperación funcional y su participación social; haciendo difícil que ejerzan sus derechos”, concluye.


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