Las ayudas para las víctimas del amianto no llegarán hasta 2020... “como pronto”

La tramitación de la ley para crear un fondo estatal de indemnización para las víctimas del amianto va en curso. No obstante, las asociaciones de afectados creen que la inestabilidad política podría afectar.

Concentración de asociaciones y colectivos de afectados por el amianto. / Foto: @StopAmianto
Concentración de asociaciones y colectivos de afectados por el amianto. / Foto: @StopAmianto
Paco Cordero - Redactor
28 noviembre 2018 | 17:45 h

La Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está debatiendo actualmente las enmiendas presentadas por los partidos políticos a la Proposición de ley presentada hace un año por el Parlamento Vasco en el Congreso de los Diputados sobre la creación en España de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

Aunque se ha desbloqueado la tramitación, tras ampliarse en numerosas ocasiones los plazos de presentación de enmiendas, las plataformas de afectados dudan de su aprobación y puesta en marcha y mantienen un sabor agridulce. En declaraciones a ConSalud.es, el presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Avida), Juan Carlos Paul, ha valorado “que los partidos políticos hayan tomado la decisión de ponerse del lado de los trabajadores”, pero se muestra algo escéptico.

"La aprobación o no de la ley depende de la estabilidad del Gobierno. Si se celebraran elecciones anticipadas y la tramitación no se completara, habría que reiniciar otra vez todo el procedimiento"

Y es que, en el mejor de los casos, las primeras ayudas llegarían hasta dentro de dos años. “Si todo va perfecto, hasta 2020 no tendríamos aprobado el fondo de indemnización”. Para que eso ocurra, explica Paul, debería haber “consenso” entre partidos, sindicatos y asociaciones para finalizar la tramitación de la ley en 2019, después de pasar por la aprobación de Congreso y Senado. No obstante, el texto indica que entraría en vigor con los presupuestos siguientes.

Además de esta circunstancia, a las víctimas les preocupa que se convoque nuevas elecciones generales. “La aprobación o no de la ley depende de la estabilidad del Gobierno. Si se celebraran unas elecciones anticipadas y la tramitación de la ley no se completara, habría que reiniciar otra vez todo el procedimiento", ha lamentado Juan Carlos Paul.

LENTOS, EN COMPARACIÓN A OTROS PAÍSES

"Llega muy tarde. En el Reino Unido, el fondo se aprobó a finales de los 80; en Francia en 2001; en Bélgica en 2006. Mientras en España, en 2018 aún estamos debatiendo si se crea o no"

Las plataformas de afectados muestran esperanza pero, al mismo tiempo ven como otros países llevan la delantera a España. “Llega muy tarde. En el Reino Unido, el fondo de indemnizaciones se aprobó a finales de los 80; en Francia en 2001; en Bélgica en 2006. Mientras en España estamos en 2018 y aún estamos debatiendo si se crea o no”.

Y mientras todo esto ocurre, tal y como ha denunciado el presidente de Avida, “se están perdiendo muchas vidas, muchos están falleciendo sin recibir la ayuda necesaria”. En este sentido, Paul ha lamentado que “al final son víctimas de una acción empresarial y de una mala planificación del Gobierno a la hora de preservar la salud de los trabajadores”.

DEBATE DE ENMIENDAS

Según ha explicado a este medio Juan Carlos Paul, son tres cuestiones las que están centrando los debates entre partidos en torno a las enmiendas presentadas. Por un lado, la financiación del fondo. Finalmente se ha llegado a un “consenso” para que, por una parte, el dinero llegue de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por otra, por el Fondo de Contingencia que las empresas dotan para atender a los casos de incumplimiento de medidas de seguridad.

Asociaciones y sindicatos han logrado incorporar en las enmiendas la creación de una comisión de seguimiento el plan con la presencia de la administración, comunidad científica, sindicatos y afectados

Por otra parte, se ha decidido los colectivos que pueden acogerse al fondo: trabajadores que han estado expuestos; otros empleados que no tienen un tercero (autónomos o quienes no pueden identificar dónde estuvieron expuestos); y enfermos ambientales o personas que en su vida cotidiana han estado expuestos por vivir cerca de espacios con uralita, de vertederos o fábricas.

Finalmente, tanto Avida como los sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) han logrado incorporar en las enmiendas a la ley la creación de una comisión de seguimiento del plan con presencia de la administración, la comunidad científica, sindicatos y asociaciones de víctimas. Como ocurre en los fondos de otros países, recuerda Juan Carlos Paul, “es importante estar ahí, incorporar nuevas patologías y saber cuánta gente se está atendiendo y de qué manera”.

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