Los afectados exigen certificaciones oficiales de cara a posibles acciones ante los tribunales
En 2010, el Gobierno aprobó a nivel estatal un Real Decreto que sólo reconoció a 24 personas como damnificadas por el medicamento de Grünenthal, algo que no hizo más que indignar a quienes componen la Asociación Española de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), al considerar insuficiente la medida y estimar en más de 200 el número de afectados. Seis años después, sólo dos comunidades autónomas han tratado de enmendar el problema con el establecimiento de registros que ayuden a certificar la condición de afectados por la talidomida a las víctimas.Una de ellas es Andalucía, donde el pasado mes de noviembre se entregaron 51 reconocimientos oficiales. El consejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, fueron los encargados de entregar los certificados de inscripción en el registro de talidomida de esta comunidad autónoma.
El primero destacó que esta inscripción permitirá “garantizar un mejor seguimiento individual, según las necesidades y particularidades de cada una de las personas afectadas, a la vez que supone un reconocimiento oficial de cara a posibles acciones ante los tribunales". Por su parte, Sánchez Rubio recalcó la importancia del registro con el que “se hace justicia con un colectivo que ha recibido muchos reveses”.
Sólo en Andalucía ya han entregado más de 50 reconocimientos oficiales
Otra de las comunidades que ha hecho algo al respecto es Murcia. Desde la Consejería de Sanidad de esta región se diseñó un circuito sanitario asistencial para pacientes con sospecha de embriopatía por talidomida, con inicio en Atención Primaria hasta la sección de genética médica y disformología del Hospital Virgen de la Arrixaca. ¿QUÉ AUTONOMÍAS SERÁN LAS PRÓXIMAS EN ACTUAR?
Según los representantes de Avite, Baleares puede llegar a adoptar iniciativas similares, ya que recientemente se aprobó un Proyecto No de Ley con la intención de establecer un criterio de reconocimiento oficial. También en Cataluña y en Aragón han tomado cartas en el asunto y, desde la asociación aseguran que han solicitado reuniones con otros presidentes autonómicos para intentar conseguir el mismo objetivo.
A nivel comunitario, las víctimas españolas han recibido el respaldo del Parlamento europeo. La Eurocámara aprobó en diciembre una resolución en la que se señala que el Gobierno español debe revisar el proceso iniciado en 2010 para facilitar la identificación y compensación de los afectados por la talidomida. Más de 50 años después de la tragedia, todavía hay víctimas que luchan por una compensación en varios países de la Unión Europea, entre ellos España.
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