En la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se siguen debatiendo las enmiendas presentadas por los partidos políticos a la Proposición de ley presentada hace un año por el Parlamento Vasco en el Congreso de los Diputados para la creación en España de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
Pese al desbloqueo de la tramitación, los afectados tienen sus dudas sobre su aprobación y puesta en marcha. En declaraciones a ConSalud.es, el presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Avida), Juan Carlos Paul, explicaba hace unos meses a este medio su excepticismo.
Según Paul, en el mejor de los casos, las primeras ayudas no llegarían hasta 2020. “Si todo va perfecto, hasta dicho año no tendríamos aprobado el fondo de indemnizaciones”. Para que este ocurriera, sería necesario el consenso de partidos, sindicatos y asociaciones.
En ocasiones, los procesos judiciales duran sobre 8-10 años, y hay afectados que se quedan en el camino. Son sus familias las que tiene que seguir con los procesos
Por otra parte, desde las plataformas de afectados denuncian la lentitud española para enfrentar este grave problema en comparación con otros países. “Llega muy tarde, en el Reino Unido, el fondo se aprobó a finales de los 80; en Francia, en 2001, y en Bélgica, en 2006”.
En estos momentos son tres las cuestiones que se están debatiendo en el Congreso. Por un lado, la financiación del fondo. En este sentido, se ha llegado a un “consenso” para que, por una parte, el dinero llegue de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por otra, por el Fondo de Contingencia que las empresas dotan para atender a los casos de incumplimiento de medidas de seguridad.
Por otra parte, se ha decidido los colectivos que pueden acogerse al fondo: trabajadores que han estado expuestos; otros empleados que no tienen un tercero (autónomos o quienes no pueden identificar dónde estuvieron expuestos); y enfermos ambientales o personas que en su vida cotidiana han estado expuestos por vivir cerca de espacios con uralita, de vertederos o fábricas.
Finalmente, tanto Avida como los sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) han logrado incorporar en las enmiendas a la ley la creación de una comisión de seguimiento del plan con presencia de la administración, la comunidad científica, sindicatos y asociaciones de víctimas. Como ocurre en los fondos de otros países, recuerda Juan Carlos Paul, “es importante estar ahí, incorporar nuevas patologías y saber cuánta gente se está atendiendo y de qué manera”.
LA REALIDAD DE LAS VÍCTIMAS
Mientras se resuelven las enmiendas, la realidad de sus víctimas es verdaderamente dura, no solo por los problemas de salud de los trabajadores, sino también por la lucha en los tribunales. En ocasiones, los procesos duran entre 8-10 años, y hay afectados que se quedan en el camino. Son sus familias las que tiene que seguir con los procesos.
Que exista un fondo de compensación, como en otros países, supondría el reconocimiento del daño a las víctimas y la indemnización correspondiente de una manera más eficaz y rápida.