El pasado 12 de enero se cumplieron 20 años de la muerte de Ramón Sampedro, quien exigió el derecho a la eutanasia para poner fin a todo lo que sufrió durante décadas. Finalmente los tribunales le negaron el derecho a recibir ayuda para morir en libertad. Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) señalan que “los que lo querían tuvieron que arriesgarse a una larga pena de prisión por ayudarle a cumplir su voluntad”.
Esta asociación recuerda que “cuatro de cada cinco personas en España apoya la despenalización de la eutanasia”, pero la situación sigue sin cambios. El presidente de DMD Madrid, Fernando Marín explica que “los que quieren disponer de su propia vida aún tienen que recurrir al exilio o a la clandestinidad”. El artículo 143.4 del Código Penal, en vigor desde 1995, todavía castiga con penas de prisión a los que ayudan a morir a otro, aunque la petición de morir sea lúcida, reflexionada y realizada reiteradamente por una persona con una dolencia irreversible que le provoca sufrimientos insoportables.
"Los casos de Bélgica y Países Bajos han demostrado que se puede regular la eutanasia con garantías"
Según la encuesta más reciente (Metroscopia, 2017), un 84% de la ciudadanía cree que debe reconocerse el derecho a la muerte médicamente asistida. Pese a esto, el pasado marzo el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración la propuesta de Ley de Eutanasia que presentó el grupo parlamentario Unidos Podemos. “Ni siquiera, por tanto, aceptaron discutirla. Mientras, cientos de personas cada año tienen que recurrir a un suicidio violento, a conseguir fármacos en el mercado negro para disponer de su vida en paz, o a exiliarse a Suiza para poder morir”, dicen desde DMD Madrid.
"No podemos seguir así", apunta Marín. "Los casos de Bélgica y Países Bajos han demostrado que se puede regular la eutanasia con garantías". Estos países permiten a personas aquejadas de una dolencia incurable que les provoca un sufrimiento insoportable que pidan ayuda para morir a sus médicos. Esta práctica supone el 2% y el 4% de las muertes en estos países, respectivamente. Si se trasladasen estas magnitudes a España, donde fallecen algo más de 400.000 personas al año, supondrían entre 8.000 y 16.000.
DMD reclama a la sociedad que se movilice por el derecho a una muerte digna, y a los representantes de los ciudadanos a que actúen de una vez y despenalicen la muerte asistida.