Sanidad se compromete a revisar el plan de hepatitis C con una nueva hoja de ruta

Así se les ha comunicado desde el Ministerio en un encuentro con representantes de la Plataforma de Afectados por el virus. No se reunían desde hacía tres años.

Representantes de la Plafhc en la entrada del Ministerio de Sanidad
Representantes de la Plafhc en la entrada del Ministerio de Sanidad

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc) han mantenido este jueves una reunión con la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, Patricia Lacruz, en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Se trata de la primera toma de contacto con miembros del equipo de Sanidad después de tres años. “Para la Plafhc se abre una nueva etapa en la lucha por eliminar la enfermedad, en el marco de la defensa de nuestro Sistema nacional de Salud”, afirman los afectados en un comunicado.

“Para la Plafhc se abre una nueva etapa en la lucha por eliminar la enfermedad, en el marco de la defensa de nuestro Sistema nacional de Salud”

Por su parte, Lacruz se ha comprometido a actuar “con total transparencia facilitando todos los datos que nos puedan interesar y a la revisión del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (Peahc) con el establecimiento de una hoja de ruta”, dicen. Entre las propuestas de los pacientes están las de reestructurar y convocar el Comité de Coordinación del Peahc o que se publique “lo antes posible” el estudio de prevalencia que está llevando a cabo el Instituto Carlos III.

Además, piden que se realice un protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad a través de Atención Primaria; que se determine como objetivo prioritario la prevención en el marco de un plan de salud que permita avanzar en la eliminación del virus y que el Ministerio dirija las gestiones oportunas en el Parlamento Europeo para conocer en qué situación se encuentra el plan.

La Plafhc ha transmitido a Sanidad su preocupación por los tratamientos a la población reclusa, la población rural, otras personas excluidas y migrantes sin papeles.

En el capítulo de gasto sanitario, ha denunciado el “altísimo precio establecido por la industria farmacéutica para los tratamientos”. Los afectados consideran que el acceso universal a los medicamentos no puede poner en peligro el Sistema Nacional de Salud.

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