La clínica privada Vithas Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria ha sido condenada a pagar una indemnización de más de 340.000 euros por una mala praxis que tuvo como resultado la muerte en 2016 de una mujer de 38 años embarazada, al sufrir una hemorragia de la que no fue atendida tras una cesárea, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El juzgado considera probado que se produjeron un "conjunto de pequeñas actuaciones dilatorias y omisivas" por parte de "los distintos facultativos y empleados de la entidad demandada" que "provocaron un diagnóstico tardío". En consideración del juez, ello "impidió que se pudiera atajar la hemorragia de la paciente con celeridad y, de esta manera, haber podido evitar su óbito".
Así, la sentencia expresa que "la propia clínica reconoce en su documento de consentimiento informado el riesgo que conlleva toda cesárea y asume los protocolos de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO), que no fueron seguidos por la clínica según informan los peritos de la parte actora".
HEMORRAGIA DESDE EL PRINCIPIO, QUE NO FUE CONTROLADA ADECUADAMENTE
Los hechos acontecieron en el año 2016, cuando la madre, ingresada en la clínica Vithas Santa Catalina, tuvo que dar a luz por cesárea. A la 22.35 horas del 28 de junio de 2016 nació la niña y la madre fue subida a planta a las 23 horas, "sin que conste que estuviera monitorizada" con "hemorragia moderada, abundante y constante, o sangrado persistente, según consta en los distintos informes".
El juzgado considera probado que se produjeron un conjunto de pequeñas actuaciones "dilatorias y omisivas" por parte de los distintos facultativos y empleados de Vithas" que "provocaron un diagnóstico tardío
"El médico que practicó la cesárea no está presente, ni ningún otro médico, y se le avisa (se presume que por teléfono), e indica analítica de hemograma y sueroterapia a chorro", explica la sentencia en el comienzo de un relato de hechos probados que expone que la primera solicitud de bolsas de sangre no se cursó hasta pasadas las 2 de la madrugada (cuando habían sido pedidas 40 minutos antes) ya del día 29. Fue operada a las 2.34, salió del quirófano a las 4.20 y fue remitida a la UCI, donde falleció.
LA SENTENCIA CONSIDERA PROBADO QUE LA ATENCIÓN "NO FUE DILIGENTE"
La sentencia considera que "este conjunto de actuaciones provocaron que la atención de la paciente no fuera diligente, pues no estuvo monitorizada después de una cesárea (intervención de riesgo, como hemos visto), no se interpretaron correctamente los signos que presentó la paciente (sangrado, baja tensión, mareos, anuria), posiblemente, porque no estaba presente ningún médico después de salir la paciente del paritorio".
La hija de la fallecida debería recibir cerca de 270.000 euros, mientras que el resto de la cantidad hasta llegar al total sería para los cuatro hermanos de la víctima. Ante la sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días desde que se notificara a las partes.