En el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de 2018, que se celebra este martes, los responsables del Ministerio de Sanidad y las consejerías sanitarias debatirán sobre más de 20 puntos. Entre ellos, uno de los que más controversia despertarán será el 18, relativo a la orden con la que se prevé controlar a los productos homeopáticos.
Con ella, el organismo que dirige la ministra Dolors Montserrat prevé establecer una regulación de la posible comercialización de estos productos, para reglamentar así un asunto que actualmente carece de total legislación. Sin embargo, un buen número de comunidades autónomas han activado la voz de alerta, tal y como han apuntado a ConSalud.es fuentes autonómicas presentes en la reciente Comisión Delegada.
Algunas CC.AA. exigen que no se comercialice ningún producto homeopático que no haya obtenido "autorización y registro"; mientras, reclaman una retirada del mercado de los que no lo tengan y un registro provisional
En este encuentro, celebrado entre responsables de Sanidad y las autonomías, algunas de éstas expusieron sus exigencias. Por ejemplo, “que no se comercialice ningún producto homeopático hasta que haya obtenido su autorización y registro”. De hecho, requieren que a estos productos se les exija “lo mismo” que al resto de medicamentos, como que esté probada su “evidencia científica” y que cuente con “indicaciones terapéuticas”.
En el caso de que esto no ocurra, algunas CC.AA. reivindican que su retirada del mercado ya que “la venta de medicamentos no autorizados podría dar lugar a responsabilidades penales”. Por ello, solicitan que se defina “un procedimiento” para esta retirada y que, mientras, se establezca un registro provisional de todos los productos homeopáticos existentes en el mercado. En él, se deberían indicar datos como las indicaciones, “o ausencia de ellas”, o la composición analítica.
TEMOR A UNA “AMNISTÍA FISCAL”
Varias autonomías insisten en que si estos productos no tienen indicación terapéutica ni evidencia científica "no pueden utilizarse"; si ocurre, alertan, se estaría "engañando a profesionales y pacientes"
El debate sobre este asunto se prevé tenso. Desde algunas autonomías inciden en que es un tema “complejo” y por ello sienten “preocupación” por lo que pueda regularse finalmente. Y es que, el “miedo” de estas consejerías es que a estos productos, ya que no los consideran medicamentos, “se les dé una amnistía fiscal y legislativa para que entren por la puerta de atrás en el Sistema Nacional de Salud”.
Ante esta posición, los responsables sanitarios de las autonomías presentes en la Delegada han insistido a este medio que mostrarán un “rechazo formal, administrativo e institucional” de estos productos. Inciden, además, que “si no tienen indicación terapéutica ni evidencia científica, no pueden utilizarse”. Si eso ocurriera, alertan, “lo que estaremos haciendo es engañar a los profesionales y a los pacientes” al perjudicar con ello “a la seguridad”.