22 años después de la aprobación del Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, el Ministerio de Sanidad ha iniciado los trámites para actualizarlo. Ha sido este martes cuando lo ha sacado a consulta pública con el fin de modificarlo y endurecer el control para evitar posibles engaños.
Desde Sanidad identifican que tras la “experiencia acumulada”, ven la necesidad de renovar esta norma incluyendo la regulación de la publicidad “de técnicas y de plazos de determinados servicios sanitarios”. Consideran que en este tiempo los medios y las formas de difusión publicitaria “han cambiado y evolucionado profundamente”, por lo que apuestan por “actualizarla a las necesidades y problemáticas actuales”.
La administración sanitaria cree que la "falta de veracidad, transparencia y exactitud en la publicidad" en ciertos ámbitos sanitarios, puede "inducir a la confusión de los usuarios" y "constituir un riesgo para la salud"
La problemática surge, según indican en el documento proporcionado, cuando algunos establecimientos o centros comerciales ser sirven ocasionalmente “de una simbología o denominación similar a la de centros y establecimientos sanitarios”. Este hecho, así como la “falta de veracidad, transparencia y exactitud en la publicidad” en ciertos ámbitos sanitarios, puede “inducir a la confusión de los usuarios” y “constituir un riesgo para la salud de los ciudadanos”.
Por estos motivos, desde la administración sanitaria se encaminarán a “reforzar la regulación en el ámbito de la publicidad sanitaria” para delimitar de manera concreta “las condiciones en los que un servicio o técnica sanitaria se puede publicitar”. Asimismo, la modificación tratará de regular que otros centros “no puedan usurpar la denominación o simbología propia de los centros y establecimientos sanitarios”.
MODIFICACIÓN Y NO NUEVA NORMA
Según se puede ver en el documento que está en consulta pública, Sanidad considera “más acertado” modificar el actual Real Decreto en lugar de aprobar una nueva norma, con el objetivo de “simplificar nuestro ordenamiento jurídico y evitar una posible dispersión normativa”. El fin último de esta nueva regulación es, según Sanidad, “proteger el derecho a la salud de los usuarios de los centros y establecimientos sanitarios, garantizar la seguridad de los pacientes, así como proteger a los usuarios frente a prácticas abusivas”.