Durante la pandemia de la Covid-19, que aún continúa, las administraciones públicas se han visto obligadas a realizar contratos de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada. Numerosas fueron, por ejemplo, las compras de equipos de protección individual (EPI), mascarillas o geles por parte del Gobierno y las comunidadesautónomas. Además, también se necesitó la ampliación de las plantillas de profesionales sanitarios.
Ahora, todos esos contratos van a ser fiscalizados y evaluados, tal y como ha apuntado recientemente el TribunaldeCuentas. Según el programa de fiscalizaciones que prevé aprobar en 2022, documento al que ha tenido acceso ConSalud.es, este organismo analizará la actuación realizada tanto por el Gobierno central como por las comunidades autónomas en materia sanitaria durante la pandemia, aunque comenzando por aquello que se produjo en el año 2020.
Al margen de las actuaciones relacionadas con la pandemia, este organismo también fiscalizará los sistemas de información en sanidad y salud pública o la implantación del Plan de Recuperación
De esta forma, en este año 2022, está previsto que el Tribunal de Cuentas apruebe la “fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Para este cometido, evaluará la actuación de “los ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos autónomos” al igual que la realizada por “las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio” y también “en el ámbito de la Administración Sociolaboral y de la Seguridad Social”.
Por otro lado, también fiscalizarán “las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral” entre el Estado y las autonomías. Relevante será, igualmente, el informe sobre las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria a entidades que invirtieron en la “fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y aquellos productos considerados de emergencia” en relación con la COVID-19.
Al margen de estas actuaciones, el Tribunal de Cuentas aprobará en 2022 los informes de fiscalización de “los sistemas de información en sanidad y salud pública” (de los ejercicios 2019, 2020 y 2021), del “sector público autonómico” de esos mismos años en el ámbito de la contratación, de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para la implantación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Agencia Estatal de Investigación o del Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
MÁS INFORMES EN 2023
Mientras, para el año siguiente está previsto que aprueben un “informeglobal sobre la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Este documento complementaría a los individuales que se publicarán en 2022.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas también publicará en 2023 la fiscalización de la actuación del Plan Nacional sobre Drogas (ejercicios 2021 y 2022), de las “subvenciones gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), especialmente las relacionadas con el COVID19 (ejercicios 2020 y 2021” y de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las políticas de gasto en materia de Sanidad.