Estado de alarma: Casado plantea 8 semanas y el cambio de la ley de salud pública

El líder del PP, Pablo Casado, cree que el nuevo estado de alarma aprobado por el Gobierno es “la constatación de un gran fracaso”. Aún así, propone que el actual dure hasta medidos de diciembre y no hasta mayo.

Pablo Casado, presidente del PP (Foto: Flickr PP)
Pablo Casado, presidente del PP (Foto: Flickr PP)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha expuesto este lunes las dos condiciones que planteará al Gobierno central para apoyar la prórroga del estado de alarma que ha aprobado este fin de semana el Consejo de Ministros para combatir la transmisión de la Covid-19. Por el momento, no ha adelantado el sentido del voto de su partido, pero sí ha exigido que no se debe mantener tal y como propone el Gobierno.

Durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Casado ha subrayado que para que el Ejecutivo recabe el apoyo mayoritario de las Cortes en torno al estado de alarma, solicitan “dos cuestiones” que serán exigencias para el voto a favor del PP. En primer lugar, defiende que se debe “limitar el plazo de excepcionalidad del estado de alarma”, de forma que a su juicio “no puede superar en ningún caso las ocho semanas”. Cabe recordar que Pedro Sánchez ha planteado que se extienda hasta el mes de mayo.

Casado estima que en ocho semanas, el estado de alarma cubriría los puentes de noviembre y diciembre y las CC.AA. podrían reducir la curva de contagios

Para justificar este plazo, ha resaltado que en dicho tiempo, hasta mediados de diciembre, permitiría que “en el campo jurídico hubiese un encaje para duplicar el máximo tiempo que ha estado aplicado el estado de alarma durante la crisis de los controladores”. Además, en el ámbito sanitario, estima que según las métricas de las comunidades autónomas, estas ocho semanas podrían servir para “reducir la curva de contagios” y que cubran “los puentes de noviembre y diciembre”. Mientras, en el marco económico, cree que podría “salvar la campaña de Navidad.

Y la segunda de las peticiones es la “modificación urgente” de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, tal y como llevan “pidiendo desde abril” incluso a través de una propuesta registrada en agosto. Según Casado, este “marco jurídico alternativo” permitiría “limitar la movilidad en caso de que la pandemia lo recomendase y mantener igualmente el mando único”. Asimismo, ha subrayado que dicho cambio podría hacerse en un breve plazo de tiempo de forma que “a medidos de diciembre estaría en vigor”.

LA “CONSTATACIÓN DE UN GRAN FRACASO”

Antes de compartir las exigencias que el PP trasladará al Gobierno, el presidente del PP ha expuesto “cinco reflexiones” relativas a la aprobación de un nuevo estado de alarma, el segundo relacionado con el coronavirus. La primera es que a su juicio, supone “la constatación de un gran fracaso” ya que “nos habían dicho que se había derrotado al virus y que se podía salir de vacaciones” al tiempo que “se trasladó la responsabilidad de las comunidades autónomas”.

El líder del PP pide que sea Sanchez y no Salvador Illa quien comparezca cada 15 días: “De esta manera no se puede votar ni plantear mejoras”

Por otra parte, defiende que “la responsabilidad en materia de pandemia es el Gobierno de la Nación”. En esta línea, cree que “no resulta muy adecuado que las autoridades competentes sean las CC.AA., es no es gobernanza sino parapetarse en las autonomías”. También ha expresado que “la alarma debe ser una excepcionalidad, tasada en el tiempo, para cuestiones puntuales y supera a control parlamentario”. Por ello, defiende que sea Sanchez y no Salvador Illa quien comparezca cada 15 días: “de esta manera no se puede votar ni plantear mejoras”.

En otro orden, Pablo Casado considera que existen aspectos “que podrían ir en contra de la Constitución Española” al decir que “no habrá control jurisdiccional sobre la limitación de derechos fundamentales”. Finalmente, el dirigente popular resalta que el estado de alarma “contraviene las recomendadoones de la Comisión Europea” al decir que “la excepcionalidad debía durar lo mínimo posible y que se acuda a la legislación ordinaria lo antes posible”.

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