El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha señalado en el Senado que la institución no ha recibido "prácticamente" respuesta adecuada de las comunidades autónomas en relación a las sugerencias realizadas ante la situación que han vivido las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus.
Ha precisado, no obstante, que no ha pasado mucho tiempo dado que hizo las sugerencias en abril y ha avanzado que se dará debida cuenta de las mismas en el informe correspondiente a 2020.
Tal y como ya hiciera en el Congreso, Fernández-Marugán ha recordado que recomendaron a las autonomías el refuerzo de la asistencia sanitaria, la dotación de equipos de protección a todo el personal, suplir las bajas laborales, garantizar la información a las familias, permitir que los mayores no contagiados pudrieran volver con las familias durante la crisis sin pérdida de la plaza y adoptar protocolos que facilitasen a los familiares la despedida del residente terminal.
Fernández-Marugán ha recordado que recomendaron a las autonomías el refuerzo de la asistencia sanitaria
"Eso está ahí, en manos de las comunidades autónomas", ha reiterado en su comparecencia para dar cuenta de los informes de la Institución correspondientes a 2018 y 2019. Así, ha recordado que dirigió una queja de oficio en los primeros días de abril de 2020 con todas las consejerías de sanidad y con todas las consejerías de política social de las CC.AA, para conocer la respuesta dada en cada territorio a esta emergencia sanitaria.
Sobre el "tema candente" de las residencias de mayores, tal y como la ha definido, ha recordado que se inició una investigación en 2017 para tener una "visión global" de la atención que se presta a las personas mayores en las residencias.
Dichas actuaciones, según ha reiterado, han permitido concluir que existen "disfunciones y carencias que hay que corregir" mediante "reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo".
Se inició una investigación en 2017 para tener una "visión global" de la atención que se presta a las personas mayores en las residencias
Así, Fernández Marugán cree necesario aumentar el número de plazas; revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial; que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora; y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores.
También aboga por que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo de actualización y armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.
Además, Fernández Marugán ha pedido que se regulen mediante Ley Orgánica aspectos que afectan a derechos fundamentales, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas. Para el Defensor, los problemas que ya arrastraban las residencias se han dejado ver con más crudeza a lo largo de la pandemia.