La Comisión de Sanidad del Senado ha pedido al unísono al Gobierno que agilice al máximo la creación del registro nacional de afectados por la talidomida, medicamento que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que provocó malformaciones en los bebés, para poder compensarles adecuadamente.
Todos los grupos han avalado la moción presentada por la senadora del grupo Mixto Yaiza Castilla (Agrupación Socialista de La Gomera) por la que se insta al Gobierno a crear una comisión de estudio para determinar el modo en que pueden repararse a las víctimas. Con el visto bueno a la moción también piden al Ministerio de Sanidad que elabore un "proyecto de realización" con compromisos y plazos concretos al respecto.
Con el visto bueno a la moción también piden al Ministerio de Sanidad que elabore un "proyecto de realización" con compromisos y plazos concretos al respecto
La senadora del PP Carmen Riolobos, por su parte, ha avalado esta iniciativa porque, su juicio, "es de humanidad" que toda la sociedad valore esta iniciativa y a la Asociación de Víctimas de esta enfermedad (Avite), que preside Juan Riquelme, pero le ha recordado que el Gobierno ya tiene "un plan claro y un compromiso" con los afectados.
En el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno y las comunidades autónomas, tal y como ha mencionado, acordaron crear para este mismo año un registro con todos los afectados por la talidomida, así como una oficina de apoyo a víctimas y familiares. Además, Sanidad se comprometió en julio con los afectados a destinar una partida en los Presupuestos Generales de 2018.
También la senadora ha reconocido que antes, en 2010, el gobierno socialista aprobó un real decreto por el que se concedieron ayudas a una veintena de afectados en España durante el periodo 1960-1965.
El senador socialista José Martínez Olmos ha mencionado ese real decreto y ha dicho que, aunque se pueda argumentar que se podía haber hecho más, lo que no se puede alegar es que las administraciones públicas nunca han atendido sus necesidades ni han hecho nada por las víctimas, a las que ha mostrado su solidaridad porque "injustamente" han sufrido una situación "lamentable".
Antes, Yaiza Castilla ha argumentado su decisión de plantear la moción porque, aunque "valora el compromiso del Gobierno", considera que "no se ha ejecutado" ninguna medida de las acordadas en los últimos meses. También porque las autoridades habían dejado anteriormente "a la deriva a miles de víctimas que no supieron que debían litigar contra una empresa farmacéutica alemana" (Grünenthal). "Claro ejemplo de la lucha de David contra Goliat", ha apostillado.
Castilla ha hecho hincapié además en que en este mismo mes de octubre tanto la Organización Médico Colegial (OMC) como el Consejo General de la Abogacía habían cuestionado los últimos pronunciamientos judiciales sobre el asunto y habían mostrado su apoyo a las víctimas al entender que éste no había prescrito.
Nerea Ahedo, del Grupo Vasco, ha manifestado que se va "a fiar" de lo que ha adelantado el Ministerio de Sanidad que va a hacer sobre esta cuestión, porque "parece que por fin algo se mueve", aunque ha incidido en la necesidad de insistir -en esta ocasión desde el Senado- para que todo se cumpla.
Concepción Palencia, de Unidos Podemos, ha pedido que las víctimas sean reconocidas, como lo han sido en otros países, y ha pedido al Gobierno que cumpla con sus compromisos para terminar con esta "injusticia".