Los comités de expertos que asesoran al Gobierno de Pedro Sánchez en las decisiones adoptadas desde el inicio de la pandemia se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para Moncloa. El pasado mes de mayo el presidente del Gobierno afirmaba que existían actas de todas las reuniones celebradas por los comités de expertos que han asesorado al Ejecutivo central durante la pandemia. Hasta la fecha, no se ha hecho pública ninguna de ellas. ¿El motivo? Al parecer no existen.
Maldita.es ha realizado una solicitud de información pública ante la Dirección General de Salud Pública para ahondar en el tema. En la respuesta obtenida se señala que ni el “Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19” ni el “Comité Científico Técnico” son órganos administrativos colegiados por lo que no se aplica sobre ellos “la obligatoriedad de mantener órdenes del día, actas, ni relación de asistentes”; motivo por el que no se dispone de tal información.
Nos encontramos de nuevo ante la enésima mentira de Sánchez. Tal y como se indicaba al inicio de esta noticia, el presidente del Gobierno afirmaba el pasado mes de mayo en rueda de prensa que “en todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de de desescalada y también en las reuniones del comité científico (…) tomamos nota de todo, se levantan actas y, lógicamente, serán públicas porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia informativa”.
Ni el “Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19” ni el “Comité Científico Técnico” son órganos administrativos colegiados por lo que no se aplica sobre ellos “la obligatoriedad de mantener órdenes del día, actas, ni relación de asistentes”
Desde la citada cabecera especifican que la solicitud presentada preguntaba por el comité de técnicos que decidió sobre cuáles eran las comunidades autónomas y unidades territoriales que avanzaban o no en cada una de las distintas fases del plan de desescalada. Pero la Dirección General de Salud Pública niega la existencia de dicho comité. En la respuesta obtenida por el referido organismo se explica que “no existe ningún comité de expertos ni órgano administrativo colegiado (…) que estuviera encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas y que decidiera las unidades territoriales que avanzaban en el proceso de desescaladada desde la fase cero”. Por supuesto, no es lo mismo hablar de un Comité Científico que de un Comité Técnico por mucho que desde Moncloa piensen que si acrecentando la ya confusa maraña de intentos de explicación sobre la gestión de la crisis sanitaria.
Maldita.es informa que la resolución de la cuestión planteada se ha resuelto en un plazo que ha superado los tres meses desde la realización de la solicitud de información. El plazo máximo marcado por la Ley de Transparencia es de un mes en este tipo de solicitudes. Una vez más, la transparencia del Gobierno brilla por su habitual ausencia.
EL GOBIERNO MÁS OPACO
Recientemente conocíamos que el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez es el más opaco desde que se creara en 2015 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. el cumplimiento de las resoluciones emitidas por este organismo público no supera las seis de cada 10. Un dato muy lejano del sometimiento a las órdenes de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy que alcanzó unas cotas del 85%. Las reclamaciones han ido incrementándose de forma paulatina. En 2015 se interpusieron 149 reclamaciones (resueltas el 87,9%), en 2016 257 (resueltas el 85,6%) y en 2017 273 (resueltas el 83,9%). En 2018, hasta la moción de censura contra Mariano Rajoy en el mes de junio, se produjeron 351 reclamaciones siendo resueltas el 82,1%. Actualmente el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez se encuentra inmerso en varios problemas de transparencia relacionados, principalmente, con tres cuestiones: la llegada de inmigración ilegal a las Islas Canarias, el despido del jefe policial que alertó de la pandemia en el mes de enero y la revelación de los nombres de los integrantes del Comité de Expertos que ha asesorado al Ejecutivo central durante la crisis sanitaria.
El actual Gobierno solo ha resuelto el 60,4% de las reclamaciones presentadas (116 de 193)
De acuerdo a la información hecha pública por el portal del CTBG (con fecha de actualización del 31 de octubre), el 2020 ha sido sin ninguna el año más opaco. Una situación marcada por el hecho de que el Estado de Alarma suspendió todos los procesos administrativos entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Los datos ofrecidos por el CTBG revelan que el actual Gobierno solo ha resuelto el 60,4% de las reclamaciones presentadas (116 de 193). Cabe señalar que debido a la situación excepcional marcada por la pandemia el número de reclamaciones presentadas ha sido muy inferior al de años anteriores con una media de 19 mensuales.
EL SILENCIO DE ILLA
El pasado jueves 10 de diciembre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no respondía a la exigencia planteada en la última Comisión de Sanidad por la diputada popular, Ana Pastor, para que diese a conocer los nombres de los integrantes del Comité de Expertos que asesoró al Gobierno en la gestión de la pandemia. Una petición que también ha sido formulada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
El Consejo de Transparencia ordenó el 30 de noviembre al Ministerio de Sanidad que, en un plazo de 10 días hábiles, diese a conocer los integrantes del Comité de Expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el 6 de mayo, sin querer revelar sus nombres. También ha dado al Gobierno la posibilidad de recurrir durante dos meses ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.
“No tengo inconvenientes en dar los nombres, pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?”
Según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos, sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".
Tras la negativa de Illa a ofrecer alguna respuesta concreta en relación a este asunto, el domingo 13 de diciembre el titular de Sanidad aseguraba que su ministerio actuará según dicten los servicios jurídicos sobre la notificación del CTBG en relación al Comité de Expertos. Sobre este ha reiterado que son “funcionarios” que tienen derecho a “proteger su intimidad”.
“No tengo inconvenientes en dar los nombres, pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?”, afirmaba Illa en la entrevista realizada en el programa Salvados de laSexta. El ministro ha recordado que “todos los informes son públicos” elaborados diferentes técnicos. Illa ha señalado además que estos funcionarios “han hecho su trabajo muy bien”, a pesar de las “presiones” vividas. “Defiendo que haré lo que proceda según la ley”.