Freno en seco a la transferencia de la sanidad penitenciaria a las CC.AA.

El Gobierno se mantiene dispuesto a transferir este servicio a las comunidades autónomas pero incide en que debe emprenderse motivada por “la confluencia de dos voluntades, la estatal y la autonómica”.

Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.

Hace ya quince años que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud expresaba en su disposición adicional sexta que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas” y se daba un plazo de “18 meses” para integrar dichos servicios “conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía”.

Sin embargo, pasado el tiempo, tan sólo Cataluña y el País Vasco tienen la sanidad penitenciaria traspasada. Recientemente, la Comunidad Foral de Navarra  ha mostrado su interés en asumir dicha competencia y según ha dejado entrever el Ministerio de Sanidad recientemente, no parece que ni el Gobierno ni otras comunidades autónomas inicien nuevos traspasos en este sentido.

El Gobierno incide en que la "iniciación, negociación y conclusión" del traspaso de la sanidad penitenciaria "son producto del mutuo acuerdo de ambas administraciones"

En una reciente respuesta parlamentaria, el Ejecutivo ha subrayado que “mantiene actualmente abierta una interlocución constante con todas las CC.AA. con el fin de culminar los traspasos correspondientes”. Sin embargo, también ha incidido en que dicha comunicación proviene de la correspondiente solicitud autonómica “para iniciar la negociación del traspaso de funciones y servicios”.

De esta manera, a pesar de mostrarse de manera favorable a realizar los traspasos, tal y como establece la ley, se extrae de su respuesta que también este debe ser reclamado por la correspondiente autonomía. Así, en el caso de Navarra el Gobierno ha incidido en que la acción “deriva de la confluencia de dos voluntades, la estatal y la autonómica”.

En este sentido, han subrayado que la “iniciación, negociación y conclusión” del traspaso de la sanidad penitenciaria “son producto del mutuo acuerdo de ambas administraciones, conforme a la agenda acordada, de manera que el Gobierno no puede unilateralmente establecer un calendario, contenidos o previsiones sobre materias a traspasar”.

PENDIENTES DE LA FINANCIACIÓN

El Ejecutivo asegura estar "trabajando en preparar la información técnica específica" solicitada por Navarra "para definir el escenario de la financiación"

Para culminar los correspondientes procesos, el Ejecutivo especifica que se han de negociar previamente “las funciones que asume la comunidad autónoma, las que se reserva el Estado, así como los medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de aquellas funciones”. Tras ello, se procede a “efectuar la valoración del coste asociado a las funciones y servicios que se traspasan”.

En relación a este aspecto, y aludiendo al caso de Navarra, el Gobierno ha asegurado estar “trabajando en preparar la información técnica específica solicitada para definir el escenario de la financiación”. Aún así, ya se están produciendo “contactos” con la Consejería de Salud de esta región para iniciar “el proceso de trasferencia de la asistencia sanitaria de los internos del Centro Penitenciario de Pamplona”. Para este caso concreto han de fijarse aún “la hoja de ruta y las condiciones”.

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