crisis en atención primaria

Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña instan a Darias a tomar "medidas urgentes" por la Primaria

Las CC.AA. han trasladado a Darias un manifiesto con algunas medidas que debería aplicar el Ministerio de Sanidad para aliviar el déficit de profesionales en Atención Primaria. Entre ellas, se encuentra ampliar las plazas MIR de Medicina de Familia

De izquierda a derecha, Julio García Comesaña, Gotzone Sagardui, Jesús Aguirre y Josep Maria Argimon. (Fotomontaje. ConSalud.es)
De izquierda a derecha, Julio García Comesaña, Gotzone Sagardui, Jesús Aguirre y Josep Maria Argimon. (Fotomontaje. ConSalud.es)

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05.07.2022 - 17:45

Las Consejerías de Sanidad de Galicia y el País Vasco han presentado un manifiesto con medidas que buscan aliviar la situación de saturación que vive la Atención Primaria en España. Este documento ya ha sido enviado al Ministerio de Sanidad, con Carolina Darias a la cabeza, y será presentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo miércoles.

El manifiesto firmado por Julio García Comesaña y Gotzone Sagardui, - consejeros de Sanidad de Galicia y País Vasco, respectivamente -, también ha sido apoyado por Jesús Aguirre, de Andalucía, y Josep Maria Argimon, de Cataluña.

Se estima que serían necesarias, al menos, unas 1.000 plazas más de MFyC al año

En dicho manifiesto se expone que el déficit de profesionales que padecen todos los servicios de salud autonómicos hace necesario que, además del Plan de Acción de Atención Primaria, se implanten “medidas de choque urgentes” dentro de las competencias en formación de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad. Las seis medidas propuestas a Darias son las siguientes:

  • Garantizar que el sistema de elección telemática de plaza MIR no deje vacantes desiertas. Cabe recordar que este MIR 2022, en los actos de adjudicación de plaza ordinarios quedaron 200 vacantes de MFyC sin cubrir. Una cifra que descendió hasta las 93 definitivas tras la ampliación del cupo para extracomunitarios. Las CC.AA. también apuestan por permitir que se puedan ocupar las plazas asignadas, pero que han sido recahzadas, es decir, las renuncia. “En caso de no volver a un sistema presencial, el proceso telemático debería realizarse con la máxima transparencia, garantizando el conocimiento en tiempo real de las plazas disponibles en cada momento por parte de los aspirantes. Este cambio debería ser efectivo para la próxima convocatoria MIR”, explica el documento.
  • Crear la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en España, a poder ser, antes de que se realice el próximo examen MIR. La tramitación de esta especialidad es necesaria debido al “desplazamiento creciente a otros escenarios asistenciales que aún no han sido resueltos y que genera un empeoramiento de déficit crónico de especialistas en MFyC, que se agrava con la problemática de las jubilaciones en este ámbito.
  • Más plazas de formación en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para afrontar el relevo generacional y las perspectivas de déficit sobre las que ya ha alertado el Ministerio de Sanidad. Se estima que serían necesarias, al menos, unas 1.000 plazas más de MFyC al año. “Pero para poder llevarlo a cabo, necesitamos un sistema de acreditación de unidades docentes más flexible y más ágil. Por eso es necesaria también la aprobación, antes de la siguiente convocatoria MIR, de la revisión de la normativa de requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de medicina de familia que, entre otras medidas, debería mantener abierta la convocatoria permanentemente”, recoge el informe.
  • Una vez acreditadas las unidades docentes, tanto Gobierno nacional como autonómicos deben acordar “un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de esta especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años”. Todo ello con un objetivo: corregir la situación de déficit de profesionales.
  • Planificación a futuro. Para los firmantes del manifiesto “es obligado desarrollar los instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique en el futuro con más rigor su oferta formativa”. En esta línea, se precisa un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que pueda orientar las necesidades de formación de especialistas para prevenir la aparición de déficits de profesionales de determinadas especialidades.
  • Por último, las Comunidades apuestan por “fomentar e implementar, a través del Plan de Acción Estatal, todas las medidas posibles que faciliten el desarrollo competencial del médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, dotándole de tiempo y espacio para recobrar su rol como eje vertebrador de la mejor atención integral a los ciudadanos”.

“El futuro del Sistema Nacional de Salud no se puede permitir que no actuemos con la máxima diligencia en un asunto de tan capital importancia. No hay ahora mismo en la sanidad un problema más urgente ni una necesidad más acuciante”, sentencian los firmantes del manifiesto.

“Una planificación adecuada requiere una financiación adecuada”

Por todo, las Comunidades Autónomas apuestan por un “compromiso conjunto para sacar adelante con el máximo consenso las medidas de competencia estatal que tienen la llave para solucionar esta situación”.

En esta línea, Cataluña, con Josep Maria Argimon a los mandos de la Consejería de Sanidad, también se ha sumado al manifiesto de medidas urgentes y, además, ha trasladado sus inquietudes personalmente a Darias. Ha sido mediante una carta remitida ayer para “poner de manifiesto la necesidad de abordar con la máxima celeridad los dos principales retos del sistema sanitario: la falta de profesionales y el infrafinanciamiento crónico”.

Según informa el Departamento de Salud de Cataluña, Argimon asegura en esta carta que “no se puede continuar pensando como hace 30 años”, señalando así la necesidad de abordar la formación, tanto del pregrado como del posgrado, o la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003, entre otras cuestiones, todas ellas competencia estatal. “Una planificación adecuada requiere una financiación adecuada”, cierra Argimon.

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