El pasado jueves 10 de diciembre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no respondía a la exigencia planteada en la última Comisión de Sanidad por la diputada popular, Ana Pastor, para que diese a conocer los nombres de los integrantes del Comité de Expertos que asesoró al Gobierno en la gestión de la pandemia. Una petición que también ha sido formulada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
El Consejo de Transparencia ordenó el 30 de noviembre al Ministerio de Sanidad que, en un plazo de 10 días hábiles, diese a conocer los integrantes del Comité de Expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el 6 de mayo, sin querer revelar sus nombres. También ha dado al Gobierno la posibilidad de recurrir durante dos meses ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.
Según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos, sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".
La publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos, sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes"
Tras la negativa de Illa a ofrecer alguna respuesta concreta en relación a este asunto, el domingo 13 de diciembre el titular de Sanidad aseguraba que su ministerio actuará según dicten los servicios jurídicos sobre la notificación del CTBG en relación al Comité de Expertos. Sobre este ha reiterado que son “funcionarios” que tienen derecho a “proteger su intimidad”.
“No tengo inconvenientes en dar los nombres, pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?”, afirmaba Illa en la entrevista realizada en el programa Salvados de laSexta. El ministro ha recordado que “todos los informes son públicos” elaborados diferentes técnicos. Illa ha señalado además que estos funcionarios “han hecho su trabajo muy bien”, a pesar de las “presiones” vividas. “Defiendo que haré lo que proceda según la ley”.
Ha asegurado también que es partidario de realizar una “evaluación” más que una “auditoría” sobre la gestión de la pandemia. Siempre desde un punto de vista constructivo para ver cómo se han realizado las cosas durante la crisis sanitaria.