El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, un proyecto que busca fortalecer y modernizar este nivel asistencial en España; y el protocolo que regula el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, al mismo tiempo que se asegura el acceso a la IVE en todo el territorio nacional.
Según apunta Sanidad, el primero de los planes, se basa en un análisis exhaustivo de la situación actual de la Atención Primaria. Este documento considera factores como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de servicios de salud accesibles y de calidad.
Con el fin de mejorar la atención, el plan introduce la figura del "administrativo en salud" y contempla la incorporación de otros profesionales, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, trabajadores sociales, podólogos, ópticos/optometristas y farmacéuticos, al equipo de Atención Primaria.
Este análisis considera factores como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de servicios de salud accesibles y de calidad
El plan estratégico para la Atención Primaria se centra en varios ejes fundamentales. En primer lugar, busca fortalecer la relación entre el paciente y el profesional sanitario, poniendo énfasis en mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la Atención Primaria, con el objetivo de atraer y retener talento. Además, impulsarán medidas para ampliar la cartera de servicios, dotando a los centros de salud de mayor capacidad resolutiva y acercando la atención a los pacientes en sus hogares mediante la promoción de la atención domiciliaria.
Otro aspecto clave del plan es la mejora de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales e impulsar la investigación y la innovación en el ámbito de la Atención Primaria, con el objetivo de mejorar continuamente la calidad de los servicios. Finalmente, el plan apuesta por una gestión más eficiente de los recursos, mediante la implementación de indicadores que permitan evaluar el desempeño de los servicios y la promoción del intercambio de buenas prácticas entre las diferentes regiones.
En cuanto al registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo, Sanidad apunta que se creará un registro en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, sin discriminación para ningún profesional.
Sanidad apunta que se creará un registro en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
El documento también contempla la posibilidad de objeción de conciencia total o parcial a la IVE, según los supuestos previstos en la Ley Orgánica 2/2010. Se encuentra la objección total, en la que el profesional sanitario se opone a participar en cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo; y la parcial, se opone a participar en la IVE en algunos de los supuestos contemplados en la ley, pero no en todos.
Entre estos se encuentran: IVE a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación; IVE por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; IVE por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de riesgo de graves anomalías en el feto; e IVE por causas médicas, en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.