Más de 9,5 millones de euros para el Plan Nacional sobre Drogas de las comunidades

Tras la aprobación de este acuerdo, se realizará una transferencia de los fondos a las CC.AA., sin necesidad de formalizar convenios

María Jesús Montero e Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros donde se ha anunciado la aprobación del Real Decreto de prescripción enfermera.
María Jesús Montero e Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros donde se ha anunciado la aprobación del Real Decreto de prescripción enfermera.
CS
11 octubre 2018 | 15:00 h

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el acuerdo por el distribuyen más de 9,5 millones de euros para los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas que desarrollan las comunidades autónomas.

El presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas incorpora los créditos a transferir a las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra por su régimen de cupo, y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención de programas relacionados con las drogodependencias, en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria.

El objetivo es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos

La distribución del crédito se efectuará atendiendo a criterios como la población, el número de admisiones a tratamiento, el número de casos notificados o de los programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico penales; todo ello, en función de las características de cada programa.

Las comunidades autónomas podrán desarrollar convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias en sus respectivos ámbitos territoriales.

El objetivo de estos créditos es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a familias, de reinserción social y laboral, etc.), desarrollo de programas de prevención, de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.

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