El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sigue dando pasos para elaborar el Baremo de los daños derivados de la asistencia sanitaria, un proyecto normativo y jurídico que lleva años pendiente y que ha sido mencionado, aunque sin poder concluirse, por las últimas tres ministras de Sanidad.
A través de una respuesta parlamentaria a una pregunta planteada por Teresa Angulo, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Sanidad ha informado de cuáles han sido las últimas actuaciones al respecto. A pesar de que no detalla ningún tipo de fecha o calendario, el Ministerio sí que ha indicado que se ha solicitado “la participación de las comunidades autónomas” para su elaboración.
El Gobierno quiere implicar también a la Estrategia de Seguridad del Paciente, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación
De hecho, ha informado que en próximas fechas “se remitirá toda la documentación y se pedirá su parecer sobre cómo articular la participación para continuar con el avance en este asunto”. Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha sugerido que se cree un Comité institucional para abordar la puesta en marcha de este baremo. Igualmente, el Gobierno espera que se implique la “Estrategia de Seguridad del Paciente, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación”.
INFORMACIÓN A LAS CC.AA.
Fue el pasado 15 de noviembre cuando la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, informó a las comunidades autónomas, en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre el trabajo realizado por el Comité de Expertos creado en enero de 2018 para elaborar esta herramienta.
Se han creado tres grupos para elaborar el baremo: un jurídico, para redactar el Anteproyecto de ley; el grupo pericial, encargado de las tablas de valoración; y el actuarial y asegurador
En este tiempo, según ha informado el Gobierno, se han constituido tres grupos diferentes: uno jurídico, “con el encargo de elaborar el texto del Anteproyecto de ley”; el grupo pericial, “para elaborar el anexo con las tablas de valoración”; y el actuarial y asegurador, “para evaluar la situación del sector”.
Cabe recordar que hasta ahora, las indemnizaciones que se proporcionan con motivo de los daños derivados de la asistencia sanitaria se regulan mediante el baremo vigente por accidentes de tráfico. No obstante, son varios los colectivos y sectores que solicitan la puesta en marcha de un baremo que se acorde de forma más específica a la asistencia de los profesionales sanitarios a los usuarios del sistema sanitario.