Hace meses que el Parlamento Europeo debate la puesta en marcha en el conjunto de la Unión Europea de un Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés) para disponer de una evaluación clínica común. En esta propuesta también está participando el Ministerio de Sanidad, a través de su presencia en el Grupo de Trabajo de medicamentos y productos sanitarios del Consejo de Europa.
A pesar de que España está a favor de “alcanzar un consenso a nivel europeo”, sobre algunos puntos de la propuesta de Reglamento no está de acuerdo. A través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado socialista Jesús María Fernández, el Gobierno ha indicado cómo la idea original de esta acción incluye “la obligatoriedad de uso de los informes de evaluación conjuntos para las decisiones de precio y financiación de nuevas tecnologías sanitarias”.
El Ministerio de Sanidad cree que asumir de manera obligatoria las evaluaciones conjuntas "puede suponer un riesgo para mantener la independencia de las evaluaciones nacionales"
Ante esta propuesta, el Ministerio de Sanidad avanza que España se posiciona “a favor de la colaboración voluntaria y de adoptar, si así lo considera y de forma no obligatoria, la evaluación clínica a nivel europeo como propia”. Sin embargo, no comparte “la obligatoriedad de asumir las evaluaciones conjuntas”.
Según entiende el departamento que dirige María Luisa Carcedo es posible que “una evaluación única para sistemas de salud con muy distintos niveles de cobertura y de financiación no permita alcanzar mejor los objetivos de protección a la salud y una eficiente asignación de recursos sin entrar en colisión con responsabilidades exclusiva de los Estados miembros”.
“UN RIESGO PARA LOS SISTEMAS NACIONALES”
En este sentido, España considera que la proposición del Reglamento “puede suponer un riesgo para mantener la independencia de las evaluaciones nacionales y también que algunos artículos de la misma pueden suponer un retroceso para España, en relación con el actual sistema de fijación de precio y reembolso, que pudiera afectar a la calidad del sistema sanitario”.
Asimismo, desde Sanidad han precisado que “es importante garantizar la calidad de dichos informes para que contengan los elementos necesarios que ayuden a la toma de decisiones en los Estados miembros”. Por ello, aseguran que se está trabajando “para que el impacto en el uso de los informes de evaluación conjunta sea positivo en relación con el acceso a las nuevas tecnologías sanitarias”.