El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado. A través de esta medida, y mediante el establecimiento de un sistema de análisis, el Gobierno prevé mejorar la eficacia de las medidas que ponga en marcha.
La propuesta legislativa implicará, por tanto, a todos los departamentos de la administración pública, entre ellos el Ministerio de Sanidad y organismosasociados como el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) o la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).
La ley servirá como "herramienta de mejora y aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y rendir cuentas a la ciudadanía"
El principal objetivo del Ejecutivo es “reforzar el valor de las evaluaciones de políticas públicas promoviendo una verdadera cultura de la evaluación en la administración”. Para ello, se introducirá un “enfoque transversal, integral y participativo” para analizar el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía, “con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto”.
En esta línea, los mecanismos que se crearán representarán “una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventualescorrecciones y, en última instancia, para rendircuentas a la ciudadanía”.
INDICADORES COMUNES Y EVALUACIÓN PREVIA
Entre las novedades que incluye la ley, que pasa a ser tramitada en el Congreso, destaca el diseño de un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento de dichas políticas, el cual servirá “de referencia para cualquier organismo o administración pública”.
Por otro lado, otra característica de la futura norma es que esta evaluación será realizada “por un equipoexterno al órgano responsable de la política pública a evaluar”. Además, se diseñarán “planes específicos de formación” en este tipo de evaluaciones para los empleados públicos.
Sanidad deberá elaborar un Plan de Evaluación departamental que, con periodicidad bienal, analice las políticas más relevantes y las que lleven más de cuatro años en vigor
Asimismo, pretenden reforzar “la evaluación‘ex ante’”, aquella que se realiza de forma previa a la aprobación de cualquier medida o política pública. Y los resultados de dichos análisis “se emplearán para mejorar esas políticas”.
PLAN DEL MINISTERIO DE SANIDAD
De forma particular, el Ministerio de Sanidad deberá poner en marcha “unidades de coordinación departamentales” que se encarguen de “coordinar y efectuar el seguimiento” de estas actividades de evaluación.
Del mismo modo, el departamento que actualmente dirige Carolina Darias deberá elaborar un Plan de Evaluación departamental. Con periodicidad bienal, esta medida contemplará “la obligación de evaluación ‘ex ante’ y ‘ex post’ de las políticas de relevancia” del Ministerio. Posteriormente, estarán obligados a llevar a cabo un “análisis intermedio” de las políticas que duren “cuatro años o más”.
Una Agencia Estatal de Evaluación servirá de "apoyo y tutela" de cada ministerio y permitirá la coordinación entre todos los departamentos
Entre los objetivos finales marcados por el Gobierno con esta norma, destacan el “control de responsabilidades y la rendicióndecuentas” junto a la mejora de retos de la sociedad actual “como la lucha contra la despoblación y la cohesiónterritorial, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, entre otros”.
COORDINACIÓN ENTRE MINISTERIOS
El proyecto de Ley contempla, asimismo, la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas que se encargará de “coordinar, supervisar e impulsar” este sistema de evaluación así como de ofrecer “apoyo y tutela” a todos los ministerios. Finalmente, se creará la Comisión Superior de Evaluación, para la correcta coordinación entre carteras ministeriales, y se propiciará la participación de la sociedadcivil mediante un Consejo General de Evalucación.