El Fondo de Bienes Decomisados ingresa 8,3 millones para programas de lucha contra las drogas

Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias, que añade que el total recaudado ha superado en un 62,73% el precio mínimo de adjudicación

Abuso de drogas (Foto: Freepik)
Abuso de drogas (Foto: Freepik)
14 diciembre 2022 | 17:15 h

El Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), ingresará 8.350.261,99 euros tras la subasta de bienes inmuebles que se ha celebrado ayer martes en Madrid. Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias, que añade que el total recaudado ha superado en un 62,73% el precio mínimo de adjudicación. En la subasta se han registrado un total de 279 acreditados.

Se han subastado 31 lotes de bienes inmuebles procedentes del tráfico ilícito de drogas, y otros delitos relacionados, entre los que se encuentran, viviendas, locales comerciales, plazas de garaje y trasteros, fincas y parcelas rústicas y un aparcamiento. Los lotes subastados se corresponden con inmuebles ubicados en las provincias de Pontevedra (9), Málaga (4), A Coruña (3), Huelva (3), Las Palmas (3), Valencia (2), A Coruña (1), Lugo (1), Tarragona (1), Castellón (1), León (1), Madrid (1) y Burgos (1).

En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda

"El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los perjuicios ocasionados por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral. Del mismo modo, se llevan a cabo actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia", informa Sanidad.

En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras).

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