Al ministro de Sanidad, Salvador Illa, le crecen los enanos. El último anuncio sobre el acuerdo-marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual (EPI) y la posterior rectificación de los criterios de solvencia no ha caído bien al sector del textil español al considerar que castiga a la industria local por las nuevas condiciones establecidas.
A través de una carta enviada a Illa, el presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), Càndid Penalba, ha reclamado la “revisión inmediata” de estos criterios para que sean más beneficios para las empresas españolas y no tanto para las grandes empresas y las multinacionales. Según recoge Valencia Plaza, en la misiva se quejan de que las nuevas condiciones continúan siendo inalcanzables.
A juicio del presidente del CIE, las características del acuerdo “orientan las compras a importaciones de terceros países”
De hecho, desde el CIE explican que el acuerdo-marco ha provocado que la Comunidad Valenciana haya decidido no incluirse del pacto. Penalba asegura que la decisión tomada por la Generalitat valenciana es adecuada “si con ello facilita el acceso a las licitaciones de empresas del cluster textil valenciano”.
Desde el sector textil reprochan que llevan desde el mes de marzo “suministrando productos sanitarios”, por lo que consideran que es “francamente imposible demostrar un mínimo de contratos” por el valor que se solicita para cada lote de material. A juicio del presidente del CIE, las características del acuerdo “orientan las compras a importaciones de terceros países”.
INCORPORACIÓN DE MODIFICACIONES
El Ministerio de Sanidad sacó a licitación este miércoles un nuevo acuerdo-marco con el fin último de establecer una reserva estratégica para hacer frente a los rebrotes que pudieran producirse por la Covid-19. La novedad de la propuesta es que incrementaba el importe económico, al sumarse a ella más comunidades autónomas, pero también que incorporaba modificaciones en los criterios de solvencia, aquellos a los que las empresas deben acogerse para presentar las ofertas.
Según recogía El Confidencial, en la anterior propuesta se exigía a las empresas que facturaran como mínimo por el valor del precio del lote que pretendían adquirir, lo que resultaba prácticamente imposible de cumplir por parte de los proveedores nacionales. Mientras tanto, ahora han fijado una tabla con umbrales financieros de solvencia, asociados a cada lote e inferiores al precio total de cada uno de ellos.
PRIMER ACUERDO CANCELADO
El 22 de julio, el Ministerio de Sanidad publicó a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) el primer acuerdo. A pesar de la propuesta, se evidenció que el proceso de compra marginaría a muchas empresas nacionales debido al desproporcionado tamaño establecido para los lotes. Con ellos, estas empresas no podrían cumplir con los valores fijados por problemas de solvencia técnica. “Las exigencias de Ingesa las dejan fuera y dificultan que España sea autosuficiente en la capacidad de producción de producto sanitario, para no depender de terceros países”, apuntaban distintas fuentes al diario La Razón.
El primer acuerdo-marco fue interrumpido por el Ministerio de Sanidad por una serie de errores en su elaboración; justificaron que se querían adherir a él más CC.AA.
Pocos días después, el Ministerio de Sanidad optó por interrumpir este proceso por una serie de errores en la elaboración del acuerdo marco. De hecho, a través de un comunicado justificaban que “durante la fase de tramitación inicial de licitación, y encontrándose esta en periodo de presentación de ofertas, distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el acuerdo marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir”.
Pero a pesar de que no deja de ser cierto que se han sumado nuevas comunidades autónomas, el nuevo acuerdo también ha modificado los criterios de solvencia anteriormente mencionados. En todo caso, el Ministerio de Sanidad no ha hecho mención a este asunto concreto en la publicación del nuevo contrato. Únicamente, han añadido en el comunicado que “se han modificado los pliegos para facilitar la presentación de ofertas e incrementar la concurrencia”.
SEIS MESES SIN RESERVA
La pretensión del Ministerio es que la adjudicación se lleve a cabo en agosto, que las CC.AA. puedan realizar contratos basados en dicho acuerdo a final de mes y que las empresas adjudicatarias comiencen a suministrar a las autonomías en septiembre. Si se cumplen estos plazos, se cumplirían seis meses desde que se tuviera conocimiento de que se iniciaba la pandemia del coronavirus en España. Se trata, en definitiva, de un nuevoretraso para la creación de la prometida reserva estratégica de material de protección sanitario.