Aunque todavía no se ha anunciado de manera oficial, todo hace indicar que con la recuperación de la universalidad de la sanidad, y, en consecuencia, la derogación del RD 16/2012 de Ana Mato, se suprimiría también el copago farmacéutico.
Precisamente, uno de los objetivos de Carmen Montón, durante su etapa como consejera de Sanidad en la Comunidad Valenciana, fue su eliminación. Así, a principios de 2017 daba un paso adelante y ampliaba las ayudas al copago con la supresión a los menores en situación de riesgo, una medida a la que en mayo se unió su supresión en personas en situación de desempleo con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales y la eliminación en familias monoparentales y personas titulares y beneficiarias de la renta de inclusión.
Con estas intenciones, se plantea un nuevo panorama para la sanidad española. Aunque todavía se desconoce cuánto constaría a las arcas del Estado su supresión, desde distintos ámbitos llevan años denunciando, por ejemplo, la desprotección de los pensionistas ante el copago y sus consecuencias. Así, la Asociación de Acceso Justo al Medicamento daba a conocer en un informe su impacto en esta población. En total, la cantidad estimada era de 120 euros por pensionista al año, cifra que no compensaría, según la AAJM, las revaloraciones de las pensiones en un 0,25%.
Desde distintos ámbitos se lleva denunciando las consecuencias del copago farmacéutico en los pensionistas
Por otro lado, desde esta Asociación también destacan el impacto que suponen los medicamentos desfinanciados durante el Gobierno de Mariano Rajoy. “El impacto de la desfinanciación en los bolsillos de los pensionistas de los medicamentos a los que se les quitó la financiación pública se estima en 257 millones de euros en el año 2012”. “A partir de ese año los laboratorios han llevado a cabo importantes subidas de los precios”, añadían.
En esta línea, desde la AAJM explicaban que de un precio medio por envase de 4,92 euros se ha pasado a un precio medio por envase de 8,61 euros en 2017, con una “revalorización” del 75%. Como consecuencia, el gasto que han tenido que abonar los pensionistas por medicamentos desfinanciados ha sido de 451 millones de euros en el año 2017.
Respecto a los medicamentos sí financiados, “la estimación del gasto que han soportado los bolsillos de los 8.698.160 pensionistas y sus beneficiarios en copagos, a partir de los datos de las CCAA, asciende a 592 millones de euros en 2017”.
De esta manera, “sumando la desfinanciación y los copagos, el total de aumento de gasto de bolsillo en medicamentos que tienen que hacer los pensionistas como consecuencia del RD 16/2012, ascendería a 1.043 millones de euros anuales”, afirman desde esta Asociación.