El Congreso debatirá la penalización del acoso a las mujeres que acuden a abortar

El PSOE defenderá la semana que viene su propuesta para penar con cárcel de tres meses a un año el acoso que practique una persona a una mujer que acuda a interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso (Foto: PSOE)
Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso (Foto: PSOE)

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista “para que el acoso que sufren las mujeres que acuden a abortar sea delito”.

Así lo ha anunciado este martes Héctor Gómez, nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, quien ha confirmado que la Junta de Portavoces ha dado el visto bueno a que la propuesta socialista se debata en el pleno del Congreso. Así, los diferentes grupos parlamentarios decidirán si la norma se tramita o no.

Según la iniciativa del PSOE, si se coarta la libertad de una mujer a abortar debe castigarse con prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días

Registrada en el mes de mayo, la Proposición de Ley Orgánica supondría la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 “para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”. Esta iniciativa, está compuesta por un único artículo que modifica el actual Código Penal.

Según el texto, al que ha tenido acceso ConSalud.es, se añade un artículo con la siguiente redacción:

“El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.

Igualmente, el texto que plantea el PSOE sugiere que el tribunal correspondiente pueda imponer también “la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años”. Además, añaden que las penas que estén previstas en dicho artículo “se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso”.

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