EL PLENO APRUEBA UNA PNL DE PODEMOS

El Congreso reclama al Gobierno una nueva Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva

Una PNL presentada por Unidas Podemos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres logra el apoyo del pleno del Congreso. Piden más formación sobre las técnicas IVE para los profesionales sanitarios.

Pleno del Congreso de los Diputados (Foto: Congreso)
Pleno del Congreso de los Diputados (Foto: Congreso)

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19.02.2021 - 17:15

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una Proposición no de Ley (PNL) presentada por Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre oras peticiones, se insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a impulsar “una nueva Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del SNS” así como su plan operativo.

La iniciativa recoge varias medidas relativas a integración del aborto en el sistema sanitario público. Por ejemplo, exigen que se garantice “la accesibilidad y la equidad de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo y facilitar los medios” para que pueda prestarlo el SNS. Además, reclaman que se garantice “la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, así como de los profesionales que trabajan en ellas, su integridad física y moral”.

En la PNL aprobada se propone cambiar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Por otra parte, en la PNL aprobada se propone cambiar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y evaluar los resultados de su aplicación a nivel nacional “para que recoja la violencia obstétrica, la explotación reproductiva, la esterilización forzosa y el aborto forzado como formas de violencia contra las mujeres; así como la eliminación del periodo de reflexión”.

FORMACIÓN SOBRE EL ABORTO

En el ámbito formativo, el texto pide que se fijen “las necesidades formativas obligatorias” para todos los profesionales “cuya vinculación se circunscriba a la realización de las IVEs en centros sanitarios públicos”, entre ellos los profesionales sanitarios, “con objeto de acreditar el conocimiento en todas las técnicas de interrupción del embarazo más efectivas en cada caso concreto”.

También desde el punto de vista educativo, se insta al Gobierno a “incorporar los procesos de educación para la salud con perspectiva de género en el sistema educativo y de promoción de la salud de forma trasversal en todas las etapas para el fomento de comportamientos saludables en el ámbito de la salud sexual”. Proponen que e incluya “información anticonceptiva, así como la formación relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas desde un enfoque de género para profesionales en el ámbito sanitario”.

El texto reclama campañas informativas dirigidas a la juventud con el fin de eliminar la estigmatización relativa a la interrupción voluntaria del embarazo

Asimismo, sugieren que se impulsen “políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados, a través de campañas informativas a nivel general, y de forma específica, a través de programas educativos acordados con las Comunidades Autónomas, dirigidos a la juventud con el fin de eliminar la estigmatización relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y al conocimiento informado de las distintas técnicas para dicha interrupción”.

ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Otra de las exigencias es que se propicie “el acceso a los últimos métodos anticonceptivos femeninos y masculinos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010”.

También piden que se promuevan “programas y acciones específicas que tengan como destinatarias a las mujeres que presenten mayores dificultades para acceder a información y servicios relacionados con su salud sexual y reproductiva”. Y finalmente, reclaman que se garantice la accesibilidad “a todos los programas y recursos de salud sexual y reproductiva a las mujeres con algún tipo de discapacidad y diversidad funcional”.

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