Todas las formaciones políticas, a excepción del Partido Popular (en contra) y Ciudadanos (abstención), han votado a favor de la convalidación del Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Finalmente, ha salido adelante con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. Además, todo el pleno ha aceptado que el decreto se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, tal y como ha propuesto la ministra de Sanidad, Carmen Montón, durante su intervención.
El resto de fuerzas han expuesto sus razones para apoyarlo, al tiempo que han transmitido sus reclamaciones. Por ejemplo, los diputados canarios Pedro Quevedo (NC) y Ana Oramas (CC) han denunciado que su región cuenta con una sanidad “infradotada” por lo que han exigido que se acometa la financiación sanitaria. Desde Bildu han demandado que se garantice a todas las personas el derecho a “disponer de medicamentos” debido a que el RD establece que las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España deberán abonar un 40% del precio de los fármacos.
Los partidos nacionalistas consideran necesario que el Gobierno impulse la retirada de los recursos del PP ante el Tribunal Constitucional sobre normas autonómicas de universalidad
En Compromís consideran que el texto “es necesario pero insuficiente y estético”, pidiendo así al Gobierno que “retire los recursos” sobre otras normas autonómicas de sanidad universal. Mientras, desde ERC y PDeCat han dado su apoyo pero reclaman que se pueda aplicar la ley catalana de universalidad y anuncian que propondrán sus modificaciones durante la tramitación de ley. También el PNV cree que “no acomete una reversión completa” y critica que “mantiene un aspecto centralizador”.
El diputado Francisco Igea, de Ciudadanos, ha mostrado sus dudas de que existe “un estado de urgente necesidad” ya que considera que España “ha sido, es y seguirá siendo uno de los países más generosos” en lo que a asistencia sanitaria se refiere. Mientras coincide en la definición de la condición de ciudadanía, Igea espera “corregir deficiencias” ya que entiende que “no es suficiente”.
Por su parte, Amparo Botejara, de Unidos Podemos, sí que ha defendido su “urgencia”. Al mismo tiempo, ha reclamado a Carmen Montón que “garantice la atención sanitaria inmediata por igual sin ninguna traba burocrática” y que las distintas comunidades autónomas “no puedan boicotear” este tipo de normas.
CRÍTICAS DEL PP AL PSOE
El PSOE ha reclamado el apoyo por "justicia, dignidad, interés colectivo y coherencia política"; mientras, el PP cree que el nuevo RD "vende humo" y "abre la puerta de par en par al turismo sanitario"
Desde el PSOE, su diputado Jesús María Fernández, ha reclamado el respaldo de los grupos a la propuesta del Ministerio de Sanidad por tres razones: “justicia y dignidad, interés colectivo y coherencia política”. Sobre el último aspecto, ha recordado que hace unos meses, hasta 206 diputados votaron a favor de una moción consecuencia de interpelación a la anterior ministra, Dolors Montserrat, que introducía resoluciones como “recuperar el carácter universal de la asistencia sanitaria” o “retirar recursos del Gobierno sobre normas autonómicas”.
Finalmente, Teresa Angulo, del PP, ha dado las razones por las que su partido ha votado en contra. Considera que el RD 16/2012 fue “necesario y urgente” para dar “viabilidad” al sistema sanitario y garantizar la asistencia a “parados que no recibían prestación”. Además, señala que el nuevo RD “vende humo” y “abre la puerta de par en par al turismo sanitario”.
✅ El #Pleno convalida el Real Decreto–ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El decreto se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
— Congreso (@Congreso_Es) 6 de septiembre de 2018
?#NdP: https://t.co/DgPI493dzNpic.twitter.com/gT81dlVPoj