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LÍNEAS MAESTRAS DE LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS

PGE 2021: más inversión frente a futuras emergencias y digitalización en salud

El Ministerio de Hacienda dicta las normas para elaborar los presupuestos de 2021, unas cuentas que prevén reforzar la industria sanitaria y el sistema de I+D+i, así como dotar al sistema sanitario con recursos suficientes.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa)
María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa)

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15.07.2020 - 17:45

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden del Ministerio de Hacienda por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Tras un breve adelanto por parte de la ministra de Hacienda en el Consejo de Ministros, la publicación confirma las líneas en las que se basará el Gobierno para reforzar el sistema sanitario después del estrés que ha sufrido durante la pandemia del coronavirus.

En primer término, el departamento que dirige María Jesús Montero se marca como objetivo prioritario “diseñar una estrategia fiscal y presupuestaria orientada a paliar los efectos negativos de la actual crisis ocasionada por la pandemia sanitaria”, de forma que los PGE del próximo año contendrán de forma específica qué impuestos se destinarán de forma específica a financiar la sanidad pública.

La orden de Hacienda indica que que se reforzará “la capacidad de respuesta ante emergencias, así como las inversiones en ciencia, investigación e innovación”

Tal y como adelantó este martes, las cuentas públicas tendrán como fin “aumentar la cohesión, la justicia social y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo nuestro Estado del Bienestar”. De manera particular, Hacienda indica que se atenderá con singularidad el sistema sanitario público “garantizando que tiene las capacidades y los recursos suficientes para afrontar cualquier situación futura”.

De forma concreta, la orden indica que que se reforzará “la capacidad de respuesta ante emergencias, así como las inversiones en ciencia, investigación e innovación”. De la misma manera, se apoyará “la mejora de la digitalización de los servicios de salud” con el objetivo de “potenciar la eficiencia y la resistencia de la Administración Pública para dar respuestas rápidas”.

Además, el Ministerio de Hacienda asegura en la orden que los PGE servirán para canalizar “los recursos que la Unión Europea y otras instituciones van a implementar para hacer frente a la pandemia y que se dedicarán prioritariamente al refuerzo del sistema y la industria sanitaria, la digitalización, la transición hacia una economía sostenible, la apuesta por la I+D+i” entre otros aspectos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

En un apartado específico, el Gobierno indica que las próximas cuentas públicas avanzarán “de forma decidida en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la participación ciudadana”. Así, indican que los presupuestos “se acercarán a la ciudadanía” de forma que puedan acceder “de forma intuitiva y amigable” al destino de los impuestos que pagan habitualmente. Por ejemplo, subrayan que los ciudadanos podrán ver “cuáles son los gastos más relevantes en políticas destacadas como la sanidad, la educación o las inversiones”.

Por último, Hacienda especifica que el análisis presupuestario se complementará “con la evaluación de las distintas políticas públicas valorando las conclusiones de los informes realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ganando legitimación social ante la ciudadanía y garantizando la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas”.

Aunque la orden de los presupuestos no precisa qué recomendaciones de la AIReF serán tenidas en cuenta, cabe recordar que una de las más conocidas fue la relativa a la subasta de medicamentos. En 2019, este organismo recomendó que se implantara “a escala nacional” el sistema de selección de medicamentos que funciona aún en Andalucía ya que podría generarse un ahorro “de hasta 1.000 millones de euros”.

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