La pasada semana, PSOE y Sumar registraron una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a agilizar el traspaso de las competencias en sanidad penitenciaria a las CC.AA. donde aún se encuentra pendiente. En este momento, Navarra, País Vasco y Cataluña son las únicas regiones que gestionan de manera propia la asistencia a su población reclusa.La aspiración de la propuesta es que, basándose en la experiencia de estas, el resto de los territorios logren integrar esta atención dentro de sus servicios de salud autonómicos de manera progresiva.
Esta aspiración no es ninguna novedad. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, promulgada en 2003, recoge que la sanidad penitenciaria deberá ser provista por los distintos servicios de salud de cada comunidad autónoma. Sin embargo, al margen de las tres mencionadas, el resto de las regiones continúan pendientes de tomar las riendas en este ámbito, siendo administrado entretanto por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
UNA LARGA DEMANDA PROFESIONAL
Desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), su presidente Joaquín Antón Basanta ha reiterado a ConSalud.es en diferentes ocasiones que “en todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior la calidad de la asistencia sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general”, asimismo ejemplifica en las CC.AA. que tienen uso efectivo de sus competencias el camino a seguir por el resto de regiones españolas para velar de manera más efectiva y con más recursos por la salud de sus reclusos.
“Es el reconocimiento de que existe un problema y de que hay que afrontarlo de alguna manera. Otra cosa es que yo me lo crea. Ya ha habido diferentes PNL que no han quedado en nada”
En este contexto, Basanta valora de manera “positiva” que los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno hayan puesto en el foco en esta realidad, aunque no por ello se fía de que vaya a llevar a ningún avance. “Es el reconocimiento de que existe un problema y de que hay que afrontarlo de alguna manera. Otra cosa es que yo me lo crea. Ya ha habido diferentes PNL que no han quedado en nada”, lamenta el facultativo, señalando que la reacción del resto de grupos parlamentarios no ha sido, en principio, muy favorable”.
El presidente de la SESP se muestra desengañado con la verdadera voluntad de la clase política. Lleva largo tiempo observando la “indiferencia” de quienes deberían velar por la salud de todas las personas, también las que se encuentran entre rejas. “El Gobierno central y las comunidades autónomas, independientemente del partido político de turno, han continuado como si nada, pasándose la pelota desde hace 20 años. No hay un verdadero interés por hacer cumplir la ley”, asevera.
CUESTIÓN DE DINERO
El pasado mes de junio, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley en la que se instaba a la Junta a negociar con el Gobierno central la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria al SAS.En el texto, se recogía que el traspaso de estos cometidos debería venir “necesariamente” acompañado por la liquidación de la deuda pendiente a la comunidad autónoma y de la correspondiente asignación de recursos económicos y humanos por el coste real y suficiente de la asistencia sanitaria que se presta a los presos.
“Las comunidades dicen que la administración central les debe dinero y, por lo tanto, mientras no paguen no lo harán; y la administración central no está dispuesta a abonar más dinero del que ya destina”
Precisamente, el aspecto económico es uno de los elementos que han frenado el cumplimiento de esta obligación desde el año 2003. “Las comunidades dicen que la administración central les debe dinero y, por lo tanto, mientras no paguen no lo harán; y la administración central no está dispuesta a abonar más dinero del que ya destina”, constata Basanta, quien tiene claro que, “a no ser que haya un interés político muy especial”, como lo hubo en Cataluña, Navarra y País Vasco, “no queda mucho que hacer”.
En esta línea, el responsable de la SESP considera que las comunidades autónomas no tienen el derecho de incumplir la ley, por lo que es la administración central la que tiene la obligación de hacerla cumplir. “La solución está en que llegue el presidente del Gobierno o la ministra de Sanidad en un Consejo Interterritorial y diga: ‘El día 1 de enero de 2027, las competencias en sanidad penitenciaria tienen que estar transferidas a todas las regiones. Pongan ustedes los técnicos que tengan que poner para llegar a un acuerdo’”, propone.
CONDENADOS A LA FALTA DE MÉDICOS
A todo ello, hay que añadir otro factor de gran inquietud: la falta de médicos y las crecientes jubilaciones. Una problemática existente en la sanidad pública española de la que la sanidad penitenciaria vive especialmente presa. “El problema es que va a llegar un momento en el que no va a haber solución. No va a haber médicos y van a tener que empezar de cero sin toda la experiencia y conocimiento que llevamos aplicando”, concluye.