El Consejo de Europa, junto con el Parlamento Europeo, ultima la publicación de una Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones sobre diferentes áreas, entre ellas la salud pública, la seguridad alimentaria o el consumo. Con esta norma, las instituciones europeas quieren elevar el nivel de amparo para quienes comuniquen o revelen deficiencias en estos ámbitos.
En el texto de la directiva, se incide en que “la información sobre infracciones por parte de los denunciantes puede ser la clave para detectar y prevenir, reducir o eliminar los riesgos para la salud pública y la protección de los consumidores derivados de infracciones de las normas de la Unión Europea que, en otros casos, podrían quedar ocultos”.
La orden exige que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas
En este sentido, repiten que dichas denuncias “contribuyen a garantizar la continuidad de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el bienestar de la sociedad”, al mismo tiempo que pueden resultar “especialmente útiles a fin de prevenir incidentes de seguridad que afecten a actividades económicas y sociales fundamentales”.
Mientras, el ámbito de aplicación de esta directiva es bastante amplio. De forma general, se aplicará a denunciantes que trabajen en el sector público o privado, incluidos los funcionarios, a los trabajadores no asalariados, a voluntarios, trabajadores en prácticas, accionistas o personas que pertenezcan a la administración o dirección de una empresa.
Por otra parte, la orden exige que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas. Además, brindarán a los denunciantes una elevada protección contra las represalias, exigiendo a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.
DOS AÑOS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS
Una vez se publique la directiva en el Diario Oficial del Consejo Europeo, los 28 Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las nuevas normas a su ordenamiento jurídico interno. Actualmente, alertan las instituciones europeas, la protección de los denunciantes está regulada de manera fragmentaria y sólo diez países de la UE cuentan con una legislación integral en este ámbito.