Amnistía Internacional (AI) en un reciente estudio publicado que lleva por título 'La década pérdida: Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018', analiza el impacto negativo de los recortes implementados en la Sanidad española durante la crisis económica de 2008.
¿Qué consecuencias ha tenido la baja inversión en el Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo ha podido afectar a la gestión de la pandemia de Covid-19? ConSalud.es charla con Ana Gómez, responsable de Amnistía Internacional España, analiza estas cuestiones y detalla la hoja de ruta que debe seguir España para reflotar su sistema sanitario.
¿Los datos sobre la falta de inversión son alarmantes?
Sí, consideramos muy preocupante lo que desde Amnistía Internacional hemos llamado “la década perdida”, un periodo que comienza con las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario, a partir de las cuales, aunque ha habido una progresiva mejora, seguimos sin recuperar la inversión sanitaria pública que teníamos hace diez años.
Esto tiene graves consecuencias, ya que se ha puesto en riesgo el derecho a la salud en España: estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores, tal y como ha denunciado AI en otros informes anteriores.
¿Cuáles son los recortes en Sanidad que claman más la atención?
Todas las reducciones son importantes, porque debería ser justo al contrario: deberíamos estar incrementando nuestro gasto sanitario para conseguir avanzar de manera progresiva en el cumplimiento del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, tal y como indican las normas internacionales.
Sin embargo, lo que hemos visto es que en los últimos diez años el gasto sanitario público se ha visto reducido en un 11,21% respecto a 2009, frente al gasto sanitario privado, que se ha incrementado en un 16,28%; y frente el producto interior bruto, que ha crecido en un 8,6%. También la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%.
En los últimos diez años el gasto sanitario público se ha visto reducido en un 11,21% y la la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%
Esto es muy preocupante, y más en el contexto que nos encontramos, frente a una pandemia para la que debíamos haber estado mejor preparados.
¿Debe aumentar más el gasto público en Sanidad por habitante?
Sin duda: si no lo hacemos corremos el riesgo de seguir dando pasos hacia atrás en el acceso y la calidad de la atención sanitaria. Lo que hemos denunciado desde Amnistía Internacional es que entre el 2009 y 2018 el gasto sanitario público por habitante se ha reducido en un 10,5%, lo que supone que el Estado, en 2018, se gastó en cada persona 147 euros menos que hace una década.
En dinero corriente, España dedica 2.221,11 € por habitante. Si comparamos la inversión sanitaria por habitante con el resto de países de Europa en el año 2017, se encuentra en una posición intermedia, con países que destinan más de 5.000 euros por habitante, como Suecia (5.206€), Dinamarca (5.134 €), Luxemburgo (5.082€) y Alemania (4.459€) y otros que destinan menos de 1.000€ por habitante, como Lituania, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria y Rumanía. Durante el mismo periodo Suecia ha incrementado la inversión en un 74,78%, Estonia con un 66,18%, Lituania en un 53,78%, Alemania en un 33,26%, Austria en un 23,82% y Finlandia en un 24,29%.
¿Y la inversión en Atención Primaria?
A pesar de que la pandemia ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia de la Atención Primaria como puerta de entrada para la mayoría de las personas en el sistema sanitario, lo cierto es que hemos visto como ha sido la gran olvidada en los últimos años, y una de las áreas más perjudicadas.
La inversión en este tipo de servicio se ha reducido en un 13,10% de media en las comunidades autónomas en la última década y ha pasado a suponer tan solo el 13,8% del total del gasto sanitario público en 2018, frente al ya escaso 14,3% de 2009.
La inversión en Atención Primaria se ha reducido en un 13,10% de media en las comunidades autónomas en la última década
Tampoco la ratio de personal médico y de enfermería en atención primaria por cada 1.000 habitantes ha variado prácticamente, sino que se mantiene igual al año 2009. Aragón y Cataluña son las comunidades que más han reducido su inversión en atención primaria. Solo Murcia ha aumentado su porcentaje en un 6,92% desde 2009.
Siempre se habla de que la AP es el eje del sistema pero si está infradotada… ¿Podemos hablar de una asistencia sanitaria de calidad?
Afortunadamente contamos con grandes profesionales que se están dejando la piel para atender a sus pacientes, afrontando graves situaciones de estrés y falta de protección durante la pandemia, largas listas de pacientes que visitar o telefonear por día, y duras condiciones laborales en unos centros de salud en los que, en la mayoría de los casos, no se cubren las bajas y las vacaciones.
Están dando una asistencia a pesar de que la falta de apoyo por parte de las autoridades a este servicio ha sido una constante. Pero se encuentran agotados y desmotivados, enfrentándose a una nueva ola pandémica sin haber recuperado su salud mental desde la anterior, y con una población que, en algunos casos, se encuentra enfadada y rabiosa porque no pueden atenderles como quieren. Es necesario incrementar los recursos con los que cuenta este servicio para asegurar que se garantiza esa asistencia adecuada.
La falta de profesional es una evidencia que ya nadie niega. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene España unas ratios acordes con los países de su entorno?
Lo que hemos visto claramente es que este sistema, del que siempre hemos estado muy orgullosos/as, se está estancando. En diez años, las ratios de personal médico y de enfermería apenas han variado. El personal médico de Atención Primaria por habitante a nivel estatal ha pasado de un 0,74 en 2009 a 0,77 en 2018, aumentado apenas en 0,03. Por comunidades, preocupa que Islas Baleares y Madrid incluso han reducido esa ratio, a pesar de que España está por debajo de la media europea y alejada de países como Portugal, el país con mejor ratio con un 2,6, Irlanda (1,82), Países Bajos (1,6), Austria (1,56) y Francia (1,42). Solo se sitúa por encima de países como Eslovenia, Polonia, Letonia, Hungría, Grecia y Bulgaria.
En cuanto a la ratio de personal de enfermería, ha aumentado levemente, pasando de un 0,61 en 2009 a 0,66 en 2018. Las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid son las CCAAA que la han reducido; y Canarias y La Rioja las que han mostrado incrementos acercándose a la ratio de 0.30.
¿Cuál ha de ser la hoja de ruta a seguir tras la crisis sanitaria de la covid-19 para que la sanidad española recobre su lugar?
Desde Amnistía Internacional lo que hemos pedido es que se adopte una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas. Para ello, hemos pedido a las autoridades sanitarias centrales y autonómicas:
Dar prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de Salud para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas de austeridad e incrementar la inversión de manera progresiva, en términos constantes.
Llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de que se aplique cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos, y garantizar la adecuada participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican.
Dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales. Garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos.