La crisis por el referéndum de Cataluña ha obligado al Gobierno a posponer al menos durante una semana la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que el Ejecutivo tenía previsto sacar adelante en el Consejo de Ministros de este viernes, para trasladar posteriormente el proyecto al Congreso la próxima semana.

Según recogen varias agencias informativas, la postura del Gobierno es que el retraso se debe a la falta de apoyos del PNV y de Coalición Canaria, y que la idea es llevar a la Cámara Baja un texto que cuente con el mayor consenso posible. Si bien, fuentes del Ejecutivo señalan que la decisión de retrasar las cuentas para 2018 también ha venido influida por la crisis del referéndum catalán, ya que su abordaje ha obstaculizado los acuerdos especialmente con el PNV.

Según la ley, las cuentas han de estar registradas en el Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre

El retraso en la aprobación de los presupuestos conlleva también un aplazamiento de las aspiraciones que tienen los sindicatos sanitarios de cara a los mismos. De esta forma, las organizaciones sindicales no han podido llegar a acuerdos con el Gobierno sobre la subida salarial, que el Ejecutivo ha cifrado en un 7% hasta 2020, según su última propuesta.

Una propuesta que no parece suficiente para los médicos españoles, quienes también recuerdan que los presupuestos de 2018 tienen que contemplar otras muchas medidas relacionadas con el sector sanitario.

Entre ellas, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) destaca la necesidad de volver a la jornada laboral de 35 horas semanales, eliminar por completo la tasa de reposición de efectivos en la sanidad pública y crear partidas suficientes para garantizar la recuperación de los recursos humanos que se han perdido durante la crisis, que la organización estima en 10.000 facultativos.

Todo ello, sin embargo, no podrá retrasarse más allá de una semana puesto que, según la ley, las cuentas han de estar registradas en el Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre, lo que obligará al Gobierno a llegar a acuerdos antes de esta fecha.