Contratar a Antonio Mora fue el detonante de todos los problemas de la anterior legislatura
Cuanto menos la propuesta parece una incongruencia viniendo de quien viene. Recordemos que tanto Sánchez Chillón como su compañera de lista para la vicesecretaria, Asunción Rosado, fueron los más críticos con esta decisión hasta que cambiaron de opinión (y de bando),y se aliaron con López Arribas con el objetivo de tumbar a la junta directiva legítima y convocar elecciones anticipadas.Para los que no lo recuerden, Sonia López Arribas presenta a Antonio Mora Cepero como persona de su confianza e impuesto por el Ministerio de Defensa. Asegura que es miembro del CNI e impone su contratación laboral como director general del ICOMEM, con un contrato de más de 153.000 euros al año (que no gana ningún médico en España en la sanidad pública) y en plena crisis económica. El contrato de Antonio Mora fue manifiestamente ilegal porque le concedió facultades superiores a las que son propias de la Asamblea General y de la Junta Directiva del ICOMEM y con un perfil y curriculum profesional (como posteriormente se demostró) que no se acercaba lo más mínimo para ejercer un puesto de alta dirección en una institución como el ICOMEM.
Ahora parece que tanto Chillón como Asunción Rosado han olvidado estos hechos, que fueron los desencadenantes de la situación de grave deterioro que ha sufrido el ICOMEM en estos cuatro años
Por tal motivo, en la Asamblea de Compromisarios celebrada el 12 de diciembre de 2012, los integrantes de la misma rechazaron los presupuestos en los que se creaba el cargo y se le destinaba los honorarios a Antonio Mora por lo que la figura del director general desaparece. El ICOMEM propuso al exdirector general que dejara el cargo y pasara a Asesor de la Presidenta, puesto que sí estaba recogido en los estatutos a diferencia del anterior, y que lo puede nombrar la Junta Directiva. Tanto el sueldo como las atribuciones que se destinaron para el cargo de asesor fueron menores que las del anterior posición.Meses más tarde y al no ser apoyado Antonio Mora por la Junta (su único soporte era la presidenta), la Junta Directiva del Colegio decide prescindir de sus servicios e indemnizarle como marca la ley con 16.645 €. Es en ése momento cuando el exdirector decide denunciar a la institución, pidiendo que se declare nula su expulsión, para que pudiera reingresar en el ICOMEM.
Ahora parece que tanto Chillón como Asunción Rosado han olvidado estos hechos, que fueron los desencadenantes de la situación de grave deterioro que ha sufrido el ICOMEM en estos cuatro años, y cuyo detonante parte de ellos mismos.
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