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El partido considera que la hipótesis de que el uso de estas terapias no perjudica a los pacientes “no es verdad en una cantidad importante de casos”
Así lo considera Ciudadanos, cuyo portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, José Manuel Villegas, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de que los profesionales sanitarios estén obligados a comunicar a las autoridades legales pertinentes (fiscalía o juzgado de guardia) las prácticas llevadas a cabo por profesionales, titulados o no titulados, “que alejadas de la evidencia científica pudieran causar un perjuicio real en la salud directa de sus pacientes”.El partido liderado por Albert Rivera defiende que, pese a los avances en la medicina y los logros conseguidos en muchas enfermedades, “el auge de las terapias alternativas sin aval científico es imparable y su uso se extiende cada vez más en especial sobre colectivos de enfermos cuyas patologías derivan en procesos terminales o requieren un tiempo de tratamiento amplio”.
En la exposición de motivos de esta PNL, que pretende debartirse en la Comisión de Sanidad del Congreso, Villegas desmonta el argumento “recurrente” de quienes defienden este tipo de práticas porque, indica, “según sus defensores, los pacientes que acuden a terapias naturales o pseudociencias no se ven perjudicados por elegir este tipo de tratamientos. Una hipótesis que no es verdad en una cantidad importante de casos”.
El diputado pone el énfasis en aquellos pacientes que abandonan tratamientos con posibilidad de curación por estas terapias, ya que son numerosas las ocasiones en las que un paciente, con enfermedad terminal, “abandona un tratamiento con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta, por terapias naturales que no poseen evidencia científica alguna con efectos beneficiosos sobre la salud”, añade.
LIMBO LEGAL
Puesto que actualmente hay un “limbo legal” en la regulación de estas pseudociencias, tanto desde el punto de vista de su comercialización como desde el de los profesionales que la imparten o recomiendan, y teniendo en cuenta ¡la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico”, Ciudadanos pide así que se obligue a los propios profesionales a proteger a los pacientes mediante la denuncia de estas prácticas.
“Consideramos que los profesionales sanitarios deben ser parte esencial en la detección de casos en los que existe un perjuicio claro en la salud de los ciudadanos por intereses contrarios al bienestar del paciente”, afirma Villegas en su proposición.
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