Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este lunes un informe jurídico en el registro del Palacio de la Moncloa donde se justifica la aplicación de la subida salarial a todos los empleados públicos (incluidos los profesionales sanitarios) a partir del 1 de enero por la vía del Decreto-ley.
El informe –que también se trasladará a todos los Grupos Parlamentarios acredita con jurisprudencia del Tribunal Constitucional las razones que justifican la actualización de salarios mediante la vía del Decreto-ley ante la ausencia de Gobierno en firme y la inminente llegada del nuevo año sin Presupuestos Generales del Estado.
El informe acredita con jurisprudencia del Tribunal Constitucional las razones que justifican la actualización de salarios mediante la vía del Decreto-ley
La subida salarial está determinada en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de los empleados públicos” suscrito entre los sindicatos y el Gobierno en 2018 y las medidas se aplicaron de manera sucesiva en 2018 y 2019 por gobiernos del PP y del PSOE. Se trata, por tanto de un acto administrativo, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta medida entraría dentro del denominado despacho ordinario de los asuntos públicos.
Además, CSIF sostiene que el actual Gobierno actualizó los salarios públicos en 2019 amparado por el Real Decreto-ley 24/2018, donde argumentaba la utilización de esta fórmula en base a que concurrían las “circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución”.
"Si concurrieron entonces las premisas de interés general y de urgente necesidad, CSIF considera que ahora también se siguen dando las mismas circunstancias y aún estando el Gobierno en funciones no existe ninguna limitación legislativa para seguir dilatando la ejecución de dicha subida", indica la organización sindical en un comunicado.