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vulneración de derechos

Diagnósticos "desde cero" en las cárceles: los médicos no pueden acceder a la historia clínica

La cesión de las competencias sobre atención sanitaria a presidiarios, desde Interior a las comunidades autónomas, nunca termina de llegar. La OMC valora de forma positiva los nuevos movimientos políticos que apuntan al fin de este incumplimiento legal.

Imagen de una celda equipada para la atención sanitaria.
Imagen de una celda equipada para la atención sanitaria.

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12.12.2016 - 23:59

La situación sanitaria de los presos en España parece a punto de abandonar el no lugar en el que lleva instalada ya demasiado tiempo. Hace poco se ha presentado, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, una Proposición No de Ley para abordar esta cuestión y transferir por fin las competencias del Ministerio de Interior a las comunidades autónomas. Y, por primera vez, todas las fuerzas políticas parecen estar de acuerdo y han mostrado su apoyo.

Todas las fuerzas políticas, por primera vez, parecen de acuerdo en ceder estas competencias a las comunidades autónomas
Desde la Organización Médica Colegial (OMC), su coordinadora nacional de Sanidad Penitenciaria, la doctora Carmen Hoyos, aplaude lo que considera una “sensibilidad nueva y especial”, así como un “interés auténtico” de la clase política por “solventar un problema de largo recorrido”, que, según declara, “ha sido utilizado muchos años para atacarse unos a otros”.

“Porque la población penitenciaria está sufriendo injusticias y un menoscabo en su atención sanitaria debido al hecho de encontrarse privados de libertad”. Esto es lo que diversos grupos ciudadanos, asociaciones y la propia OMC vienen denunciando. “Y la solución no la ofrecemos nosotros, sino la Ley General de Sanidad, del año 1986”, argumenta Hoyos. Texto donde se especifica que la gestión de la atención sanitaria corresponde a los gobiernos regionales.

Como médico, la doctora conoce de primera mano los problemas que padecen los reclusos, pero también esos sanitarios que los atienden. “Pertenecer a un ministerio como el de Interior, en el que la mayoría de los esfuerzos se centra en la vigilancia, nos convierte en un corpúsculo y dificulta la lucha por los derechos de nuestro colectivo”.

HISTORIAS CLÍNICAS VETADAS

El médico se ve obligado a hacer un diagnóstico desde cero, sin conocer los antecedentes del paciente
Según relata Carmen Hoyos a ConSalud.es, los derechos del condenado se vulneran desde el mismo momento en que su facultativo carece de capacidad para acceder al historial clínico. “No tenemos conexión alguna con el sistema público de salud”, comenta la coordinadora de la OMC, que añade, “esto nos obliga a emitir un diagnóstico a partir de cero, desconociendo antecedentes que, en muchos casos, son graves y peligrosos”. La situación resulta aún más dantesca cuando, llegado el instante en que la persona recupera su libertad, los datos médicos referidos al tratamiento terminan archivados en el sistema penitenciario, sin posibilidad de extrapolación.

“Las discriminaciones en el desempeño de nuestro trabajo son diarias”, afirma Hoyos, “y todo debido a un incumplimiento legal”. La OMC ha realizado campañas de concienciación con todos los partidos políticos, que ahora, mediante las proposiciones no de ley, empiezan a dar fruto. Desde la Organización Médica Colegial no van a detenerse, y como cuenta la doctora Hoyos, este martes y miércoles se desplazan a Andalucía para reunirse con el viceconsejero de Sanidad en el primer contacto de una ronda que llevarán a cabo por toda la geografía española.


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